¿Es posible que alguien introduzca 127 kilos de cocaína en un barco de guerra y nunca se sepa quién o quienes han sido las personas responsables? En el caso del "Juan Sebastián Elcano", el buque-escuela de la Armada española, si. Hace apenas cinco días la justicia militar ha dictaminado que, textualmente, "la falta de vigiliancia" y el descontrol a bordo ha hecho imposible identificar a los culpables. Es más: lejos de deducirse responsabilidades profesionales el ministerio de Defensa ha ascendido al máximo responsable de la nave en el momento del delito, que ha pasado de ser capitán de navío a vicealmirante responsable del Arsenal de Cádiz ni más ni menos. Y aquí no ha pasado nada.
El del "Juan Sebastián Elcano" podría parecer un caso excepcional (y en cierta forma lo es por su espectacularidad), pero no es así. Solo hay que darse una vuelta por la hemeroteca para constatar una larga serie de casos de corrupción que terminan todos de la misma manera: con penas bajísimas y la continuidad en el ejército de sus responsables que, por supuesto, nunca pisan la cárcel. Echemos mano de la hemeroteca y seleccionemos unos cuantos antes de continuar:
1) Saqueo de un colegio mayor dependiente de Defensa. Los imputados, un subteniente, un comandante y el coronel director, desviaron fondos para su uso personal (incluyendo la compra de ron reserva, habanos o caviar). El Tribunal Supremo condenó a los dos oficiales de alta graduación a una pena inferior a tres años, por lo que mantuvieron su empleo y no entraron en la cárcel. El subteniente, jefe de cocina, si entró en prisión.
2) Mudanzas falsas a costa del erario público. Ochenta pilotos del Ejército del Aire presentaron facturas falsas para cobrar la indemnización por mudanzas inexistentes. La Fiscalía Militar les ofreció un pacto extraordinariamente generoso: tres meses de cárcel, conservando el empleo, para cada uno. El cerebro de la trama, nueve meses de cárcel. Todos conservan la carrera y, por supuesto, no pisan la cárcel.
3) Corrupción en el Hospital Militar Gómez-Ulla: cuatro mandos (un coronel, dos tenientes coroneles y un teniente) son condenados a un máximo de tres años de cárcel -mantienen su empleo y siguen en las Fuerzas Armadas- por crear una trama que adjudicaba concesiones a cambio de pagos en metálico y prostitutas. La sentencia está tan mal motivada que el Supremo le ha dado un inusual revolcón, exigiendo que se rehaga.
4) Operación KPanda: dos tenientes coroneles, que montaron una trama de corrupción con trece empresas de las que recibían dinero y regalos a cambio de adjudicaciones, son condenados a dos años de prisión. Mantienen su empleo y siguen en las Fuerzas Armadas.
5) Asesorías a cambio de Audis y Mercedes: Dos tenientes coroneles, condenados por "asesorar" a empresas a las que adjudicaban contratos. Estas, a cambio, les "compensaban" con automóviles de lujo y otros regalos. La pena: dos años de cárcel. Mantienen el empleo y siguen en las Fuerzas Armadas.
No sigo por no aburrir, pero hay bastantes más procesos con las mismas características y un resultado idéntico: la aparente incapacidad de los tribunales militares para aplicar penas que conlleven la separación del servicio. ¿Por qué ocurre esto? Tal vez la respuesta esté en esta noticia de 2017: el Tribunal Militar Central ordena a los juzgados militares que subordinen su labor a la jerarquía de mando, avisando a los oficiales sospechosos de que están siendo investigados (el escándalo fue de tal calibre que el Consejo General del Poder Judicial revocó dicha orden unos meses después).
El problema se llama corporativismo. Dentro de la cultura institucional del ejército español, un oficial de alta graduación -con honrosas excepciones- jamás va a expulsar a un compañero de armas. Aplicarán sistemáticamente la interpretación más benévola; investigarán con el menor entusiasmo posible y se resistirán como gatos panza arriba a cualquier injerencia externa que intente delimitar responsabilidades (No es una exageración: cuando sale un juez militar que quiere hacer bien su trabajo, se encuentra con la oposición de la Fiscalía, de sus compañeros, de la jerarquía y del propio Ministerio. El ejemplo más sangrante es el accidente de este F-5 en 2012, saldado con un muerto, un herido muy grave y una serie de obstaculizaciones dignas de una novela negra).
Vamos terminando. La corrupción ha sido -y es- algo sistémico en nuestra estructura militar. Prácticamente todas las unidades tienen sus fondillos o "cajas B" para aumentar su capacidad de hacer frente a pagos diversos (ejemplo 1 y ejemplo 2). Ha sido relativamente normal que los jefes y oficiales al mando usen dinero público para hacer según qué cosas a nivel doméstico. Es algo que viene de lejos: en 1923 Arturo Barea dejó un magnífico relato de ello en "La Chispa", la segunda parte de su autobiografía "La forja de un rebelde" -un libro que merece la pena ser leído-. Barea, destinado en la Intendencia Militar de Melilla justamente después del desastre de Annual, narra un panorama de saqueo institucionalizado en el que todo el mundo robaba, desde el coronel jefe hasta el último ordenanza.
Esta corrupción normalizada requiere de una sola cosa para perdurar: impunidad. Y esa impunidad lo proporciona un sistema de justicia militar que no tiene justificación posible en el siglo XXI: todos estaremos de acuerdo en que policías, bomberos, pilotos de aerolínea o médicos tienen trabajos que exigen una enorme responsabilidad. A nadie se le ocurriría crear un sistema de justicia paralelo, con jueces de Iberia o de Neurocirugía, paralelo a la Justicia normal, con sus reglas y su autonomía.
Por último, que nadie piense que la Justicia Militar es siempre condescendiente y generosa. No. Cuando el juzgado es un militar de baja graduación, entonces si que pide la expulsión, como en este caso en el que un cabo criticó a Rajoy en Facebook. Es interesante compararlo con este otro: un coronel ultraderechista que fue exonerado por falta grave y al que dieron la leve por prescrita y que había hecho declaraciones mucho más preocupantes.
En resumen: tendremos unas fuerzas armadas totalmente normalizadas y equiparables a las de nuestro entorno cuando estén sujetas plenamente al imperio de la Ley. Y eso, forzosamente, implica cerrar la Justicia Militar.
anxosan 
baraja 
Barquero_ 
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