El 1 de octubre fue cuando la Ley de Trabajo a Distancia establecía que se empezaría a sancionar a las empresas que incumpliesen las condiciones recogidas en el acuerdo de teletrabajo, entre ellas la dotación de los dispositivos profesionales necesarios para todos aquellos empleados que trabajasen más del 30% de su jornada laboral en remoto. Los sindicatos explican que muchos funcionarios han aceptado poner sus dispositivos a disposición de la Administración porque era la única alternativa que les ofrecían para no tener que volver a la oficina.
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