El Gobierno regional acumula reclamaciones por no cumplir con sus obligaciones como responsable civil de 4.500 personas incapacitadas. Las quejas no son pueriles: no garantizan las atenciones básicas de los tutelados, las familias se encuentran con enormes dificultades para acceder a cualquier tipo de información, y los inventarios de bienes quedan en un limbo durante un tiempo ilegal en el que se podría incurrir en estafas.
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