La Unión Europea aprobará el lunes en Consejo de Ministros una directiva, inspirada por el Gobierno español, que endurece las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular. Además de establecer una batería de multas y penas mínimas, el texto obliga a los patronos explotadores a pagar el viaje de retorno de sus empleados sin papeles que sean repatriados. Hasta ahora, ese gasto recaía sobre los contribuyentes, a través de los Presupuestos Generales del Estado.
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