Cerró 2018 con 32 casos abiertos y una sentencia que obliga al pago de una multa semestral que se alargará hasta 2020. Abarca desde la contaminación del aire a la calidad de aguas, pasando por residuos mineros, caza o daños a los ecosistemas. La dilación de los casos prolonga daños como la explotación del acuíferos de Doñana o la acumulación de residuos mineros del Bages
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