Cuestiones relativas al medio ambiente o la protección al consumidor necesitan la aprobación del Parlamento Europeo para salir adelante. Sin embargo, en materia agraria la Eurocámara cumple un papel meramente consultivo y, aunque sus informes tienen influencia sobre lo que finalmente se decide, en la práctica no son concluyentes. Esta situación podría cambiarse después de las elecciones que tendrán lugar en junio de 2009, si se pone en marcha el Tratado de Lisboa.
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