El descalabro económico se ha producido con la paralización, por falta de financiación, de unas obras para construir un templo ecuménico, cerca de la población de Oliva. Sus promotores, en 1998, fueron Eduardo Zaplana y García-Gasco. La Generalitat Valenciana ha tenido que pagar los platos rotos: 4,8 millones de euros, con cargo al erario público valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha criticado en una reciente sentencia el proceder de García-Gasco en este asunto “por incumplimiento de contrato”.
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