La asociación Justicia por la Sanidad descubre graves ilegalidades, que no afectan sólo al Programa de DPCM, sino que también afecta a los programas de detección de cáncer colorrectal, cáncer de cérvix y demás programas de salud pública, todos puestos en marcha por el SAS y funcionando al margen del ordenamiento jurídico. Estas graves ilegalidades que se exponen a continuación implican en general a altos cargos, directivos y personal funcionario y estatutario del SSPA, pero principalmente apuntan con claridad a los gobiernos del PSOE y PP.
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