El argumento en contra de su obligatoriedad suele ser que el Estado no debe penalizar una práctica cuyas consecuencias, a diferencia por ejemplo de las de conducir bebido, recaen sobre quien toma la decisión de no usar el cinturón de seguridad. O sea: si me quiero matar es cosa mía. Reivindicar el derecho a elegir si se lleva el cinturón o no, es legítimo. Reivindicar ese derecho mientras se defiende que el sistema público de salud se haga cargo de nuestros gastos médicos en caso de accidente, no es que no sea legítimo, es que resulta ilógico.
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