La ley, respaldada por el gobierno conservador de la primera ministra Giorgia Meloni, surge como respuesta a una serie de asesinatos y otros actos de violencia contra las mujeres en Italia. Incluye medidas más severas contra los delitos de género, como el acoso y la pornografía vengativa. La ley obtuvo el apoyo bipartidista de la mayoría de centro-derecha y la oposición de centro-izquierda en la votación final en la Cámara Baja, y fue aprobada con 237 votos a favor.
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