Construido en vulneración de las normas urbanísticas, la historia de ese inmueble de 858 metros cuadrados que se alza sobre una parcela de casi 0,3 hectáreas comenzó a gestarse hace dos décadas. Lo sucedido desde entonces habla, según la Fiscalía, de “indicios de criminalidad urbanística” centrados en un delito –prevaricación atribuible a responsables municipales de La Adrada antecesores de la actual alcaldesa (PP)– que en cualquier caso ya habría “prescrito”.
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