Un periodista de 30 años decide que ya está bien, que no quiere dejarse la mitad de sus 1.000 euros mensuales en el cuchitril donde vive y acude, confiado, a las administraciones públicas. Las campañas de publicidad de los Gobiernos central, autonómico y municipal le han convencido de que los poderes públicos se preocupan por él y de que le van a ayudar a encontrar un piso de alquiler por un precio razonable.
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