Fingen una puja en la que uno de ellos ofrece una cantidad importante que deja a todos los demás pretendidamente acojonados y como nadie se atreve a superarla, se adjudica el inmueble pero a continuación no abona el importe del remate, por lo que el derecho a adjudicarse el bien pasa al que quedó segundo en la puja, que casualmente ofreció un importe mínimo. El primero perderá el depósito previo, pero da igual: Es rentable.
Los subasteros, desde tiempos inmemoriales son una mafia organizada dedicada a su negocio y como cualquier mafia funcionan gracias a las complicidades de los encargados de vigilar la limpieza de las operaciones a las que se presentan. Todo es cuestión de engrasar debidamente la maquinaria administrativa y mientras no haya denuncias, con pruebas -cosa casi imposible para un ciudadano anónimo- seguirán en su particular reino.
La sociedad española tiene vicios ancestrales y el listillo que llega a millonario, el embaucador simpático, el defraudador que no pilla Hacienda, el "Rinconete y Cortadillo" de turno tiene un cierto predicamento en el alma del pueblo.
Se habla de que la ideología de izquierdas no perdona los pecados de sus políticos, negándoles el voto en las elecciones y que los votantes de derechas prefieren que les roben "los suyos" ya que todos los políticos son iguales.
Es una visión simplista, casi un tópico, pero tiene detrás una realidad palpable y que se ha ido produciendo en regiones con partidos diferentes pero con redes clientelares muy marcadas.
Los que van a comprar estos inmuebles a las subastas podrán estar lucrándose con la desgracia ajena, pero no son ellos los que se presentan en el juzgado a pujar, no funciona así.
Son los cuervos profesionales los culpables de que estas familias continúen padeciendo de por vida porque son ellos los que hacen posible que los pisos se subasten por un precio muy inferior al valor de tasación y por lo tanto al valor de la deuda.
Pongamos que la familia recibió 150.000 euros como préstamo hipotecario para un piso tasado por el propio banco en 180.000. Si en subasta judicial se adjudica digamos por 60.000, la familia desahuciada continuará debiendo al banco 90.000 (descontando las cuotas ya abonadas y sumando los intereses de demora y otros gastos como las costas judiciales).
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Los subasteros, desde tiempos inmemoriales son una mafia organizada dedicada a su negocio y como cualquier mafia funcionan gracias a las complicidades de los encargados de vigilar la limpieza de las operaciones a las que se presentan. Todo es cuestión de engrasar debidamente la maquinaria administrativa y mientras no haya denuncias, con pruebas -cosa casi imposible para un ciudadano anónimo- seguirán en su particular reino.
La sociedad española tiene vicios ancestrales y el listillo que llega a millonario, el embaucador simpático, el defraudador que no pilla Hacienda, el "Rinconete y Cortadillo" de turno tiene un cierto predicamento en el alma del pueblo.
Se habla de que la ideología de izquierdas no perdona los pecados de sus políticos, negándoles el voto en las elecciones y que los votantes de derechas prefieren que les roben "los suyos" ya que todos los políticos son iguales.
Es una visión simplista, casi un tópico, pero tiene detrás una realidad palpable y que se ha ido produciendo en regiones con partidos diferentes pero con redes clientelares muy marcadas.
Mis suegros fueron a una puja por un piso en la playa (qué inocentes ellos) y volvieron asustados de los subasteros profesionales
¿Lo entendéis?
Los que van a comprar estos inmuebles a las subastas podrán estar lucrándose con la desgracia ajena, pero no son ellos los que se presentan en el juzgado a pujar, no funciona así.
Son los cuervos profesionales los culpables de que estas familias continúen padeciendo de por vida porque son ellos los que hacen posible que los pisos se subasten por un precio muy inferior al valor de tasación y por lo tanto al valor de la deuda.
Pongamos que la familia recibió 150.000 euros como préstamo hipotecario para un piso tasado por el propio banco en 180.000. Si en subasta judicial se adjudica digamos por 60.000, la familia desahuciada continuará debiendo al banco 90.000 (descontando las cuotas ya abonadas y sumando los intereses de demora y otros gastos como las costas judiciales).