Los altos cargos no podrán "discrepar o criticar abiertamente a través de los medios de comunicación, redes sociales o Internet, sobre las posiciones políticas mantenidas por su Gobierno". El alto cargo podrá escudarse en el derecho fundamental a la libertad ideológica y a la de expresión para mantener su posición discrepante, pero en ese caso y "por coherencia institucional" deberá presentar su dimisión.
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