Este realojo se está ejecutando a través de arrendamientos a estas familias de un inmueble previamente adquirido por el Ayuntamiento de Poio en un barrio de Pontevedra, y los servicios judiciales del concello capitalino argumentan que esta actuación está excediendo las competencias de Poio, porque un ayuntamiento no puede comprar viviendas en otro municipio sin el consentimiento de éste último.
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