El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones. Todas estas operaciones seguían un guión parecido; 1) Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico; 2) El proyecto quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan. 3) La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio.
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