El nuevo Gobierno reformó la Constitución, nacionalizó la banca, negoció una quita de un 70% con los acreedores, en su mayoría extranjeros (alemanes y holandeses), encarceló a los banqueros y, mediante un referéndum, impidió someter al país al dictado del Fondo Monetario Internacional para que los contribuyentes pagaran la deuda bancaria durante los próximos 15 años. Y, finalmente, se mandó a los tribunales al dimitido primer ministro.
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