La sentencia del Tribunal Supremo que condena a Álvaro García Ortiz considera probado que el entonces fiscal general del Estado “o una persona de su entorno” filtraron a la prensa la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sentencia entiende que la nota de prensa de la Fiscalía también reveló datos confidenciales y que “el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”. “Que un dato reservado sea conocido no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general”.
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