El Tribunal de Justicia de la Unión solicitó ayer a España que tome medidas para mejorar la efectividad de la protección de los consumidores, al comprobar que la normativa procesal española no se atiene estrictamente a lo recogido en la Directiva sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo. En opinión de la Corte de Luxemburgo, los clientes y consumidores españoles no se benefician de la totalidad de la protección que deriva de la directiva europea debido a fallos en el procedimiento judicial.