Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil alertó en 2021 de que el despacho de Cristóbal Montoro había conseguido modificaciones legales para empresas gasísticas y que estas habían llegado incluso a tener acceso a la redacción de los presupuestos generales del Estado antes de que se presentasen en el Congreso. Los agentes situaron a Montoro como principal sospechoso.
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