La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se opuso en diciembre de 2022 a solicitar la entrada y registro de los domicilios y empresas de los investigados del caso Montoro por falta de "indicios suficientes". La fiscal de Anticorrupción Carmen María García Cerdá les había pedido que dieran este paso para buscar "documentación y fuentes de prueba relevantes", pero la UCO le respondió que dicha medida no estaba justificada y le recordó que el juzgado ni siquiera les había autorizado a realizar el "análisis de 397 productos bancarios
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