El artículo trata sobre el proceso judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo caso ha sufrido varias modificaciones en la acusación antes de llegar a una condena.
En resumen:
- Inicialmente, la causa se centró en la confección y publicación de una nota de prensa oficial que intentaba desmentir un bulo sobre delitos cometidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En esa fase, la nota no se consideró ilícita porque contenía información ya publicada.
- Posteriormente, el Tribunal Supremo cambió el enfoque para investigar la supuesta filtración de un correo electrónico que contenía confesiones de delitos fiscales, filtración que se atribuyó inicialmente al fiscal general, aunque no había pruebas contra él.
- A lo largo del proceso, la acusación cambió no menos de cuatro veces, incluyendo y descartando en distintos momentos la relevancia penal de la nota de prensa y la filtración de correos, lo que hizo que el proceso fuera incoherente y contradictorio.
- La nota de prensa volvió al centro de la investigación a pesar de que se reconoció que el fiscal general autorizó y dirigió su publicación desde el principio, indicando que si la nota fuera delito, él ya habría admitido su responsabilidad.
- La Fiscalía y la Abogacía del Estado sostienen que esta dinámica cambiante de la acusación y los sucesivos cambios podrían vulnerar derechos fundamentales y garantías procesales del fiscal general.
- El fallo condenatorio fue adelantado por el Tribunal Supremo antes de hacer públicos los fundamentos jurídicos que lo respaldan.
En definitiva, el proceso judicial estuvo marcado por una evolución errática y contradictoria de la acusación, con modificaciones reiteradas sobre el objeto de la causa, lo que podría afectar la defensa del fiscal general y la legalidad del procedimiento.[1]
#18 Pues el 2 te lo está diciendo alteración del orden público. En la de la falange hubo véngalas, incitación a la violencia, todo lo que es alteración del orden público.
#16 No una manifestación, tú tienes que presentarla y que te den la autorización para realizarla por las calles de cualquier pueblo o ciudad. Y es natural porque se van a cortar calles, y va a ser algo que se tiene que supervisar por la policía.
#11 La gente tiene que tener la libertad de ser estúpido, lo malo es cuando se le da oportunidad de demostrarlo con violencia y amenazando a los demás.
#166 No es que sea positivo, pero si lo condenan por la nota que emitió la fiscalía?:
El propio Tribunal Supremo ya aclaró en la fase de instrucción y, según los autos previos y lo comunicado a la prensa, que la publicación de la nota informativa por sí sola no constituía delito. Este comunicado solo recogía información que ya había aparecido previamente en medios y no incorporaba datos nuevos de carácter reservado.
Y si lo condenan por enviar por correo a la prensa:
La condena contra el fiscal general es por el delito de revelación de secretos atribuido a la difusión de un correo electrónico interno (enviado por el abogado de González Amador), no por la publicación de la nota de prensa como tal. El fallo y los avances informativos dejan claro que la condena es únicamente por la revelación indebida de datos reservados contenidos en ese correo, que sí estaba protegido legalmente y que llegó a la prensa por una vía no autorizada.
Se meten en un follón contra los periodistas que declararon de mil pares de narices, de verdad creo que no saben como redactar esa sentencia y que no se carcajee todo el Mundo que tenga un mínimo raciocinio.
#67 Gracias, no has entendido nada de lo que he escrito, estamos hablando de un juicio, donde una persona se juega hasta la cárcel, las sospechas a la taberna.
#7 Pero si no está la sentencia, ¿Qué dices? Solo ha dado el fallo, la sentencia es lo que será divertido, porque no saben como montarla no les cuadra nada.
#58 Antes de la publicación de la nota de prensa de la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, ya se habían difundido en medios de comunicación datos confidenciales relevantes sobre el novio de Ayuso. La prensa, especialmente la Cadena SER y El País, informó la noche anterior sobre el correo que la defensa del novio de Ayuso había enviado a la Fiscalía, en el que se reconocían dos delitos fiscales y se intentaba llegar a un pacto, y publicaron parte del contenido de ese correo incluso antes de la nota oficial.
En concreto:
La Cadena SER publicó a última hora del 13 de marzo que la pareja de Ayuso ofreció a la Fiscalía un pacto reconociendo los delitos.
El País reprodujo parte del correo filtrado y detalles del procedimiento fiscal el día 14 por la mañana, antes del comunicado oficial.
Varios periodistas testificaron que conocieron el contenido del acuerdo y del correo más de 24 horas antes que el fiscal general ordenara la nota de prensa oficial.
Por tanto, tanto el reconocimiento de delitos por parte de la defensa como los aspectos clave del pacto e investigación ya eran de dominio público mediático, aunque la nota de la Fiscalía fue la institucionalización formal de esa información. Sin embargo, el Supremo considera delictiva la publicación oficial aunque parte de los datos ya estuviesen en la prensa; lo relevante penalmente es quién los difunde oficialmente y bajo qué responsabilidad.
#46 La sospecha nace de la incertidumbre y del prejuicio: es una forma de juicio sin pruebas. Implica atribuir intenciones o culpas sin haber demostrado la realidad de los hechos. En cambio, la justicia exige evidencia, equilibrio y la capacidad de escuchar antes de decidir. Donde hay sospecha, se actúa guiado por la desconfianza; donde hay justicia, se actúa guiado por la razón y la verdad comprobada.
Por eso, la sospecha destruye la justicia: genera condenas anticipadas, distorsiona la percepción de las personas y puede llevar a cometer injusticias graves. La justicia, en cambio, busca precisamente lo opuesto —restaurar la verdad y reparar el daño causado por juicios erróneos o infundados—.
En un sentido más profundo, la sospecha pertenece al terreno de la emoción (miedo, inseguridad, recelo), mientras que la justicia pertenece al terreno de la razón ética (imparcialidad, evidencia, equidad). Donde domina la sospecha, la mente se cierra; donde reina la justicia, se abre el entendimiento.
Sobre el libro de Manuel Marchena, “La justicia amenazada”:
Sí, el libro tiene una carga política evidente, aunque el autor lo presente bajo un barniz técnico e institucional.
No se trata de un sesgo partidista en el sentido de "votar a tal partido", sino de un sesgo ideológico-institucional muy claro en el contexto de la España actual.
Aquí te desgloso dónde reside esa carga política:
1. El "enemigo" es el Poder Ejecutivo actual
Aunque Marchena utiliza un lenguaje jurídico elegante, su tesis central es que la Justicia está amenazada por la "metástasis del poder político". En el contexto español actual, esto se lee como una crítica directa al Gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios parlamentarios.
Critica las reformas legales "a la carta" (una referencia velada a la eliminación del delito de sedición o a la rebaja de la malversación).
Cuestiona la figura del Fiscal General del Estado, sugiriendo que ha perdido su independencia para convertirse en una correa de transmisión del gobierno.
2. Defensa del "Poder Judicial" frente al "Lawfare"
El libro es una respuesta intelectual a las acusaciones de lawfare (guerra judicial) que partidos independentistas y sectores de la izquierda han lanzado contra el Tribunal Supremo.
Marchena se posiciona como el defensor de una judicatura "técnica" que solo aplica la ley, rechazando que los jueces tengan motivaciones políticas. Sin embargo, al elegir qué atacar (la Amnistía, los indultos, el control del CGPJ), está tomando una posición política conservadora en el sentido de conservación del statu quo institucional.
3. La selección de temas no es neutral
El hecho de que el libro dedique espacio a criticar cómo se legisla hoy en día ("leyes motorizadas", hechas con prisas y sin consenso) es una crítica a la forma de gobernar de la última legislatura.
Alerta sobre el "populismo punitivo" o el uso del derecho penal para batallas… » ver todo el comentario