La proclamación de la II República en España trataba de hacer pleno el ideal de libertad, aquella conectada con el bien común y la salvaguarda de los derechos de toda la colectividad. La Constitución de 1931 enlazaba tanto con las promesas de libertad e igualdad de “La Pepa” de Cádiz, en 1812, como con el constitucionalismo de entreguerras, al residir única y exclusivamente en la legítima soberanía popular, dejando atrás definitivamente el régimen de las cartas pactadas del liberalismo monárquico.
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"La nominal constitución o carta magna, la cual se divide en el preámbulo y ocho capítulos, pretende garantizar típicos derechos políticos y civiles provenientes del liberalismo político, tales como la libertad de expresión, un juicio justo y la libertad de conciencia religiosa, además de la elección de los
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