Una mujer ha sido condenada por tercera vez por acosar a hombres en Palma. La acusada, rumana de 44 años, aceptó ayer tres meses de cárcel tras declararse culpable en el juicio.

El auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra desmonta la pretendida falta de competencia del presidente de la Generalitat Valenciana para asumir el control de la catástrofe y señala que existen indicios penales en la voluntaria "ajenidad" de Mazón entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando asumió el mando en el Cecopi.

El Congreso debatirá y votará este martes si toma en consideración una proposición de ley del PNV que reclama suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y la capacidad del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar la ejecución de sus resoluciones e inhabilitar a cargos públicos.

la Fiscalía se ha posicionado en contra de sancionar a ambos magistrados, confirman a elDiario.es fuentes del órgano. La tesis del Ministerio Público es que ninguno de los dos invocó expresamente su condición profesional para avalar esos comentarios, por lo que sus conductas no pueden ser sancionables de acuerdo a la ley del Poder Judicial y a la jurisprudencia que ha ido moldeando la aplicación del régimen disciplinario de jueces y magistrados.

Se abre un nuevo escenario en el caso residencias de la Comunidad de Madrid, que seis años atrás dejó uno de los capítulos más oscuros de la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la región. A su nombre se suma como señalados el del ex consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, o el ideólogo y firmante de los bautizados como protocolos de la vergüenza -Francisco Javier Martínez Peromingo y Carlos Mur-, que evitaron la atención sanitaria de los internos en lo peor de la pandemia.

La Sala de lo Penal considera que la entidad y varios exdirectivos realizaron encargos ilegales entre 2004 y 2016

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el conflicto institucional planteado por el Senado —controlado por la mayoría absoluta del PP— contra Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos. Así lo ha confirmado el tribunal de garantías en un comunicado, en el que se refiere a “el incumplimiento del deber constitucional de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026, así como en relación con el uso que se ha hecho de las prórrogas presupuestarias durante estos tres años.