Una mujer ha sido condenada por tercera vez por acosar a hombres en Palma. La acusada, rumana de 44 años, aceptó ayer tres meses de cárcel tras declararse culpable en el juicio.

La justicia ha vuelto a darle la razón tras presentar una demanda en la que le pedía al diario dirigido por Joaquín Manso una rectificación por una información que publicó sobre el salario que percibía en RTVE.

El TSJPV ratifica la pena de prisión, el pago de una multa de 3.240 euros, el abono de una indemnización a la víctima de 1.000 euros y subraya que los insultos por origen nacional vulneran la dignidad humana

El auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra desmonta la pretendida falta de competencia del presidente de la Generalitat Valenciana para asumir el control de la catástrofe y señala que existen indicios penales en la voluntaria "ajenidad" de Mazón entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando asumió el mando en el Cecopi.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a la empresa con 80.000 euros por utilizar el teléfono personal de sus empleados para el proceso de doble autentificación de seguridad del sistema de la compañía. Una sanción con la que la Agencia recuerda la importancia de la protección de los datos personales; también en el entorno laboral

El procesado insultó a las víctimas con expresiones tales como "gitanos de mierda" y posteriormente les agredió

El Congreso debatirá y votará este martes si toma en consideración una proposición de ley del PNV que reclama suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y la capacidad del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar la ejecución de sus resoluciones e inhabilitar a cargos públicos.

Un fabricante de dispositivos intrauterinos (diu), Eurogine SL, argumentó que si una mujer de Vigo usó un producto defectuoso y se quedó embarazada sin haberlo programado, ella pudo haber recurrido voluntariamente al aborto y no lo hizo. Sin embargo, la Audiencia en Vigo ordena pagar 60.000 euros por el embarazo no programado porque lo que se ha visto afectado es el derecho de la familia a planificar su número de hijos. La perjudicada se había colocado un diu en la sanidad pública en el 2017 e hizo controles periódicos sin incidencias. En el...

la Fiscalía se ha posicionado en contra de sancionar a ambos magistrados, confirman a elDiario.es fuentes del órgano. La tesis del Ministerio Público es que ninguno de los dos invocó expresamente su condición profesional para avalar esos comentarios, por lo que sus conductas no pueden ser sancionables de acuerdo a la ley del Poder Judicial y a la jurisprudencia que ha ido moldeando la aplicación del régimen disciplinario de jueces y magistrados.

Se abre un nuevo escenario en el caso residencias de la Comunidad de Madrid, que seis años atrás dejó uno de los capítulos más oscuros de la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la región. A su nombre se suma como señalados el del ex consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, o el ideólogo y firmante de los bautizados como protocolos de la vergüenza -Francisco Javier Martínez Peromingo y Carlos Mur-, que evitaron la atención sanitaria de los internos en lo peor de la pandemia.

El exfiscal general del Estado recurre esta cantidad que asume íntegramente los 65.000 euros por la liquidación de gastos que elevó el letrado, Gabriel Rodríguez Ramos, a los que suma el IVA

Álvaro García Ortiz ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de fijar en 79.942,70 euros los honorarios del abogado del empresario Alberto González Amador que debe abonar en virtud de su condena. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa del ex fiscal general del Estado argumenta que la cifra es “manifiestamente desproporcionada” y propone reducirla a 4.240 euros.

La Sala de lo Penal considera que la entidad y varios exdirectivos realizaron encargos ilegales entre 2004 y 2016

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el conflicto institucional planteado por el Senado —controlado por la mayoría absoluta del PP— contra Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos. Así lo ha confirmado el tribunal de garantías en un comunicado, en el que se refiere a “el incumplimiento del deber constitucional de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026, así como en relación con el uso que se ha hecho de las prórrogas presupuestarias durante estos tres años.