El Consejo de Gobierno aprobó un decreto para la adjudicación de vivienda pública que acaba con el sorteo e implanta una «baremación objetiva» en el que se tendrá en cuenta la situación social,económica y familiar de las personas adjudicatarias. Además se incluye de manera obligatoria un registro público único y el requisito de arraigo y residencia. Es decir las personas que obtengan una vivienda pública deberán acreditar «una residencia continuada en Canarias de 10 años» que pasarán a ser 15 años en el caso de que la residencia sea discontinua
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