La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha informado de que la Delegación Territorial de su cartera en Almería ha abierto un total de cinco expedientes a empresas de la provincia, por reetiquetar productos hortofrutícolas, principalmente procedentes de Marruecos. La consejera lo ha anunciado a los medios de comunicación antes de reunirse con las organizaciones profesionales agrarias Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de...
Comentarios
Que les caiga todo el peso de la ley a esas empresas.
#1 Vamos a ver, últimamente la ley no pesa igual para todos.
#1 #3 la ley es etérea
El problema de reetiquetar hortalizas es que en estos terceros países se utilizan fertilizantes, plaguicidas... que en España y la EU están prohibidos. Y eso puede ser un problema de salud.
Eso aparte del fraude en si.
#5 Pero son muy apañoles con vox y voto.
#5 No es únicamente ese el único problema, muchas empresas distribuidoras hacen análisis de pesticidas o piden análisis de los productos que les suministran.
Los problemas son sin duda la estafa al consumidor (y al distribuidor), la pérdida economía para el país y la pérdida de trazabilidad, si existe un problema con un lote seguramente no se podría saber su origen, causando un grave problema.
Además ahora se pone en el punto de mira a la industria agroalimentaria española, la cual ya tiene suficientes problemas.
Lo que debería hacerse es cerrar dichas empresas, enormes multas y prisión para sus máximos responsables. Realmente no es un juego lo que hacían.
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Españaotros paisesIrán al cajón de los expedientes y para financiar al PP, ya tu sabes...
La noticia es que los han pillado o que es lo normal que los pillen.
Vamos eso es el pan de cada dia,reetiquetado,mas beneficio y el campo español a la mierda.
El otro dia 7000 k de naranjas x100e.
Deberian cerrarlas. Cerradas un año. Sd lo pensarian antes.
#7 Realmente habría que ver cuáles son los lotes re-etiquetados y porque, pero me parece un acto criminal que debiera ser sancionado duramente. Es un acto que perjudica a todo el sector alimentario español pudiendo producir graves pérdidas económicas. Y una estafa al consumidor que debiera ser duramente sancionada. Cierre definitivo y grandes multas, cárcel si se demuestra abuso continuado.
Esto lo hacian algunas empresas del carbon, se llevaban la subvencion y compraban el carbon al Peru creo. Les salia a cuenta.