El Ejecutivo despejó de trabas legales al proyecto de Mularroya en Zaragoza: lo declaró de interés público y eximió de realizar las medidas que compensen su impacto ambiental. Las obras estaban paradas judicialmente, pero un recurso de la abogacía del Estado había permitido que avanzaran durante cinco años con 50 millones invertidos. El Consejo de Ministros consideró que había que acabar la infraestructura por motivos de seguridad al estar ya muy avanzada.
Comentarios
En este pais se legisla, y mucho, pero si al gobierno de turno no le interesa lo que pone en la legislacion, se la salta sin problemas (ni legales, ni penales, ni eticos, ni electorales).
si el medioambiente repartiera sobres otro gallo cantaria
#3 Hasta que un día descubran que el dinero no se come, ni se respira, ni se bebe.
El PP tiene complejo de Juez Dredd, salvo que su devoción es otra bien distinta y harto conocida.