El Tribunal Supremo y el Superior de Galicia rechazan la indemnización que pedía Ferroatlántica a la Xunta por reducir el caudal de su presa hidroeléctrica. Una sentencia defiende que la concesionaria era consciente de la ilegalidad que supuso el permiso concedido por el Gobierno de Fraga para secar el río
Deberían haber sido juzgados por delito medioambiental y Fraga por prevaricación. Es el colmo de la caradura y de creer que tienen patente de corso por el respaldo del "régimen".
#3 Gracias, pero no es duplicada sino relacionada. Es el mismo caso, pero son dos procesos paralelos y dos juzgados distintos: el Superior de Galicia, y el Supremo. En un caso la empresa es acusada y en el otro es reclamante. En uno, en el que en su escrito el ministerio público pidió a Ferroatlántica un aval por 8,5 millones, que salían de sumar a los beneficios obtenidos durante aquella década los intereses de todo este tiempo; pero los letrados de Villar Mir esgrimieron que el delito medioambiental que se perseguía estaba prescrito y lograron anular el caso invocando un cambio de criterio del Tribunal Constitucional. En otro, la empresa reclama 56 millones de indemnización.
Comentarios
Deberían haber sido juzgados por delito medioambiental y Fraga por prevaricación. Es el colmo de la caradura y de creer que tienen patente de corso por el respaldo del "régimen".
Y así es como 4 hijos de puta, privilegiados del franquismo, controlan al gobierno y a la industria de este mísero país
Si fuera Florentino ya tendría la pasta en el bolsillo hace tiempo.
La vote positivo por error, crei que era la otra, es dupe: Un cambio legal permite a Villar Mir evitar un pleito de ocho millones por secar una cascada con permiso de Fraga
Un cambio legal permite a Villar Mir evitar un ple...
eldiario.es#3 Gracias, pero no es duplicada sino relacionada. Es el mismo caso, pero son dos procesos paralelos y dos juzgados distintos: el Superior de Galicia, y el Supremo. En un caso la empresa es acusada y en el otro es reclamante. En uno, en el que en su escrito el ministerio público pidió a Ferroatlántica un aval por 8,5 millones, que salían de sumar a los beneficios obtenidos durante aquella década los intereses de todo este tiempo; pero los letrados de Villar Mir esgrimieron que el delito medioambiental que se perseguía estaba prescrito y lograron anular el caso invocando un cambio de criterio del Tribunal Constitucional. En otro, la empresa reclama 56 millones de indemnización.
Villar Mir ha pedido lo que le ha dado la gana, y los tribunales se lo han denegado.
Perfecto. Nada que alegar.