La petición de un informe al ministro de Hacienda para que justifique su seguridad de que ni un solo euro de dinero público se utilizó para sufragar los gastos del referéndum ilegal del 1-O acordada ayer por el juez Pablo Llarena, será con toda probabilidad, la primera de una serie de requerimientos y citaciones a cargos del departamento de Cristóbal Montoro.
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