El mencionado decreto-ley reconocía un valor neto de la inversión de 1.350 millones y estipulaba que se le abonara dicha suma a Escal y a ACS. Las ayudas de Estado están prohibidas por ser contrarias a la libre competencia y competitividad empresarial». El Tribunal Constitucional declaró la nulidad de distintos artículos de ese decreto, lo que provocó la paralización de los pagos. Por ello, los denunciantes solicitan ante la Fiscalía que "ejercite ante el Tribunal de Cuentas la acción de responsabilidad contable".
Comentarios
Negligencia dicen...pero si los contratos los hacen las propias empresas y el Gobierno solo firma y recibe sobres.
La ciudadanía unida y organizada lo ha vuelto a hacer 🔥
#0 Revisa la etiqueta "casor"
y despues dicen q no nos lo podemos permitir, recortes a las pensiones, sueldo minimo, sector publico con bajo presupuesto
mientras la corrupcion, obras innecesarias, sobrecostes, prejubilicaciones, regalos a familias/amiguetes
Si Se Puede