Amnistía Internacional (AI) ha dado a conocer su informe de 2009 sobre el estado de los Derechos Humanos en el Mundo, y como hace habitualmente en la sección sobre el Estado español, ha condenado los atentados de ETA, que en 2008 llevó a cabo "una campaña de hostigamientos contra representantes políticos y periodistas en el País Vasco" y asesinó a cuatro personas.
#1 NO. La noticia a la que haces referencia son unas declaraciones de AI de hace unas semanas. Esta se refiere a su informe anual que se hizo público ayer.
Por añadir más información, esta es la carta que el ex-relator de las Naciones Unidas contra la tortura, Theo van Boven, ha escrito sobre el juicio contra Unai Romano y otras 13 personas:
"El 28 de mayo la Audiencia Nacional iniciará el proceso contra los Catorce de Álava (País Vasco), detenidos en el periodo entre agosto de 2001 a julio de 2002 por la Guardia Civil y acusados de delitos relacionados con terrorismo. Como ex-Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas que visitó España en octubre de 2003 y que informó sobre dicha visita a las Naciones Unidas en 2004, recibí comunicaciones escritas referentes a alguno de los acusados que ahora enfrentan el juicio ante la Audiencia Nacional, en las que se alegaba que habían sido sometidos a tortura y malos tratos durante la detención incomunicada. En ciertos casos las alegaciones eran corroboradas por alarmantes materiales visuales, como sucede en relación al Sr. Unai Romano, con quien me reuní en persona. Mis propios hallazgos en aquel momento, basados en la consistencia de numerosas alegaciones, las opiniones informativas de prominentes expertos legales, los informes de investigaciones realizadas por organizaciones internacionales de derechos humanos de reconocido prestigio así como las conclusiones y dictámenes de organismos de derechos humanos del Consejo de Europa, me llevaron la opinión sopesada de que las prácticas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan ocurriendo en España de manera más que esporádica o incidental.
El patrón que describí en mi informe hace cinco años parece, desgraciadamente, no referirse únicamente a una práctica del pasado, sino que permanece como objeto de preocupación actual. En efecto, el Comité de Derechos Humanos que vigila la conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mencionó con preocupación en su informe de Octubre de 2008 de conclusiones finales sobre España la persistencia de casos de tortura y subrayó que España parece no haber desarrollado una estrategia integral para erradicar, de una vez por todas, dicha práctica.
El Comité recomendó que España debería definitivamente poner fin a la práctica de la detención incomunicada. Igualmente, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, que visitó España en mayo de 2008, exigió la completa erradicación de la detención incomunicada. Entre otras de sus recomendaciones, formuló una severa reclamación a las autoridades españolas para que “siempre que haya motivos para creer que se han infligido torturas o malos tratos, se proceda a una investigación pronta, independiente, imparcial y completa”.
En vista del juicio venidero de los Catorce de Álava ante la Audiencia Nacional, se deben tener expresamente en cuenta dos provisiones básicas de la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas, firmada y ratificada por España:
La obligación del Estado de asegurar que cualquier particular que alegue haber sido sometido a torturas en cualquier territorio bajo su jurisdicción tiene el derecho a denunciarlas y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por las autoridades competentes.
La obligación del Estado de asegurar que toda declaración que se establezca que ha sido efectuada como resultado de la aplicación de la tortura no pueda ser invocada como evidencia en ningún procedimiento.
Statement of public concern
Theo van Boven
On May 28th the Audencia Nacional will take up the case of fourteen from Alava (Basque country) arrested in the period from August 2001 to July 2002 by the Civil Guard and charged with terrorism-related crimes. As a former United Nations Special Rapporteur on Torture who visited Spain in October 2003 and who reported to the United Nations in 2004 about his visit, I received written communications relating to a number of the accused who now face trial before the Audencia Nacional , alleging they they had been subjected to torture and ill-treatment while held
incommunicado detention. In some instances the allegations were corroborated by troubling visual materials as happened in the case of Mr. Unai Romano whom I also met in person. My own findings at that time, based on -the consistency of numerous allegations, the informed views of
prominent legal experts, the investigative reports of reliable international human rights organizations as well as opinions and judgments of human rights bodies of the Council of Europe- led me to the considered opinion that practices of torture or cruel, inhuman or degrading treatment did occur in Spain in a more than sporadic and incidental manner.
The pattern which I described in my report some five years ago regrettably appears not only to be a practice of the past but remains a matter of continuing concern. Thus, the Human Rights Committee that monitors compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights noted with concern in concluding observations about Spain in October 2008 that there continue to be reports of cases of torture and that Spain did not seem to have developed a comprehensive strategy to eradicate that practice once and for all. The Committee recommended that Spain should definitively put an end to the practice of incommunicado detention. Similarly, the United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, who visited Spain in May 2008, recommended the complete eradication of incommunicado detention. Among his many other recommendations he issued a strong plea to the Spanish authorities to ensure that prompt, independent, impartial and thorough investigations are conducted in any case where there is reason to believe that torture or ill treatment may have occurred.
In view of the upcoming trial of the fourteen from Alava before the Audencia Nacional the relevance of two basic provisions of the United Nations Convention against Torture, signed and ratified by Spain, must expressly be taken into account, viz.
The obligation of the State to ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities.
The obligation of the State to ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings.
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#1 NO. La noticia a la que haces referencia son unas declaraciones de AI de hace unas semanas. Esta se refiere a su informe anual que se hizo público ayer.
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elcorreodigital.comPor añadir más información, esta es la carta que el ex-relator de las Naciones Unidas contra la tortura, Theo van Boven, ha escrito sobre el juicio contra Unai Romano y otras 13 personas:
"El 28 de mayo la Audiencia Nacional iniciará el proceso contra los Catorce de Álava (País Vasco), detenidos en el periodo entre agosto de 2001 a julio de 2002 por la Guardia Civil y acusados de delitos relacionados con terrorismo. Como ex-Relator contra la Tortura de las Naciones Unidas que visitó España en octubre de 2003 y que informó sobre dicha visita a las Naciones Unidas en 2004, recibí comunicaciones escritas referentes a alguno de los acusados que ahora enfrentan el juicio ante la Audiencia Nacional, en las que se alegaba que habían sido sometidos a tortura y malos tratos durante la detención incomunicada. En ciertos casos las alegaciones eran corroboradas por alarmantes materiales visuales, como sucede en relación al Sr. Unai Romano, con quien me reuní en persona. Mis propios hallazgos en aquel momento, basados en la consistencia de numerosas alegaciones, las opiniones informativas de prominentes expertos legales, los informes de investigaciones realizadas por organizaciones internacionales de derechos humanos de reconocido prestigio así como las conclusiones y dictámenes de organismos de derechos humanos del Consejo de Europa, me llevaron la opinión sopesada de que las prácticas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan ocurriendo en España de manera más que esporádica o incidental.
El patrón que describí en mi informe hace cinco años parece, desgraciadamente, no referirse únicamente a una práctica del pasado, sino que permanece como objeto de preocupación actual. En efecto, el Comité de Derechos Humanos que vigila la conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mencionó con preocupación en su informe de Octubre de 2008 de conclusiones finales sobre España la persistencia de casos de tortura y subrayó que España parece no haber desarrollado una estrategia integral para erradicar, de una vez por todas, dicha práctica.
El Comité recomendó que España debería definitivamente poner fin a la práctica de la detención incomunicada. Igualmente, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, que visitó España en mayo de 2008, exigió la completa erradicación de la detención incomunicada. Entre otras de sus recomendaciones, formuló una severa reclamación a las autoridades españolas para que “siempre que haya motivos para creer que se han infligido torturas o malos tratos, se proceda a una investigación pronta, independiente, imparcial y completa”.
En vista del juicio venidero de los Catorce de Álava ante la Audiencia Nacional, se deben tener expresamente en cuenta dos provisiones básicas de la Convención Contra la Tortura de las Naciones Unidas, firmada y ratificada por España:
La obligación del Estado de asegurar que cualquier particular que alegue haber sido sometido a torturas en cualquier territorio bajo su jurisdicción tiene el derecho a denunciarlas y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por las autoridades competentes.
La obligación del Estado de asegurar que toda declaración que se establezca que ha sido efectuada como resultado de la aplicación de la tortura no pueda ser invocada como evidencia en ningún procedimiento.
Statement of public concern
Theo van Boven
On May 28th the Audencia Nacional will take up the case of fourteen from Alava (Basque country) arrested in the period from August 2001 to July 2002 by the Civil Guard and charged with terrorism-related crimes. As a former United Nations Special Rapporteur on Torture who visited Spain in October 2003 and who reported to the United Nations in 2004 about his visit, I received written communications relating to a number of the accused who now face trial before the Audencia Nacional , alleging they they had been subjected to torture and ill-treatment while held
incommunicado detention. In some instances the allegations were corroborated by troubling visual materials as happened in the case of Mr. Unai Romano whom I also met in person. My own findings at that time, based on -the consistency of numerous allegations, the informed views of
prominent legal experts, the investigative reports of reliable international human rights organizations as well as opinions and judgments of human rights bodies of the Council of Europe- led me to the considered opinion that practices of torture or cruel, inhuman or degrading treatment did occur in Spain in a more than sporadic and incidental manner.
The pattern which I described in my report some five years ago regrettably appears not only to be a practice of the past but remains a matter of continuing concern. Thus, the Human Rights Committee that monitors compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights noted with concern in concluding observations about Spain in October 2008 that there continue to be reports of cases of torture and that Spain did not seem to have developed a comprehensive strategy to eradicate that practice once and for all. The Committee recommended that Spain should definitively put an end to the practice of incommunicado detention. Similarly, the United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, who visited Spain in May 2008, recommended the complete eradication of incommunicado detention. Among his many other recommendations he issued a strong plea to the Spanish authorities to ensure that prompt, independent, impartial and thorough investigations are conducted in any case where there is reason to believe that torture or ill treatment may have occurred.
In view of the upcoming trial of the fourteen from Alava before the Audencia Nacional the relevance of two basic provisions of the United Nations Convention against Torture, signed and ratified by Spain, must expressly be taken into account, viz.
The obligation of the State to ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities.
The obligation of the State to ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings.
amnistia internacional, un órgano pro-etarra sin duda,, no?