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#1:
Traducción
Los alcaldes gallegos evitan tirar 3.000 edificios ilegales por el coste de las demoliciones
Los promotores admiten que los municipios bien asesorados esquivan los derribos
El urbanismo gallego se resiente de años de laxitud normativa. Galicia acumula, por varios miles, sentencias judiciales de derribo de inmuebles -la mayor parte de las veces por concesión de licencias ilegales- que en buena medida acaban sin ejecutar. Responsables municipales de urbanismo, promotores y arquitectos coinciden en dibujar un complejo panorama urbanístico que comienza con el "dejar hacer" de los gobiernos locales y acaba erosionando las arcas municipales.
Cada sentencia de derribo, y pesan cerca de 3.000 sobre los ayuntamientos gallegos, obliga a los gobiernos locales no solo a afrontar el gasto de la demolición de la obra declarada ilegal, sino también lo de indemnización a los vecinos afectados. Y el problema es que la mayor parte de los municipios carecen de presupuesto suficiente para hacer frente al gasto, con el que se embarcan en un vía crucis de apelaciones y aplazamientos con desigual fortuna para el erario público de cada Administración local.
"Aunque la ley es igual para todos, los ayuntamientos con mejores equipos jurídicos suelen evitar la demolición tras las continuas apelaciones", sostiene Benito Iglesias, presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Ourense (Adeido).
Los ayuntamientos disponen de una partida económica para asumir los gastos de los derribos de inmuebles que varía en función de sus presupuestos, pero que siempre resulta insuficiente. En Ourense, las ocho sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anulan en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) dan cuenta de la situación urbanística en que se encuentra la ciudad.
La concejal responsable de este departamento, Áurea Soto, estimó en 40 millones de euros a demolición, ordenada por sentencia, de la plaza de Sano Antonio, en el centro de la ciudad. El gobierno anterior, que había concedido la licencia, solicitó en su día a no ejecución y el tribunal la negó. El nuevo grupo de gobierno la volvió a pedir. Y la consiguió. "Presentamos una propuesta muy bien elaborada con el trabajo de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, del coordinador de Urbanismo y con una buena asistencia técnica", señala Soto. El alto tribunal gallego aceptó que no se ejecutara e impuso al Ayuntamiento el pago de una indemnización de 360.000 euros a la demandante. El ahorro fue considerable.
El representante de los promotores echa en falta una normativa "unificada y clara" en lugar de "la multitud existente de leyes" que permite "a los mejores juristas" conseguir su propósito de dejar en pie el edificio mientras los ayuntamientos con menos recursos "suelen acabar asumiendo estos costos".
Iglesias lamenta, además, la "ausencia" de órganos de control fundamentales "tanto municipales como judiciales" para evitar en un caso a concesión de licencias irregulares y, en el otro, el "desigual cumplimiento de las sentencias".
El arquitecto, y presidente del colectivo ourensano, Juán Rodríguez, enmarca el problema en el "tradicional dejar hacer" de las Administraciones y sostiene que ahora pagan "todos los ciudadanos las consecuencias". Rodríguez reconoce que los ayuntamientos tienen herramientas para cumplir las sentencias "pero sale caro y, además, es muy impopular", y difícil de asumir, en especial para los políticos con licencias ilegales otorgadas por sus antecesores.
Las herramientas con las que cuentan los ayuntamientos son contadas: "Buenos técnicos y buenos jurídicos con dedicación exclusiva a la Administración" que redacten buenos documentos o que "controlen la calidad de los externos", explica Soto. Se trata de un largo proceso, porque los expedientes duran un promedio de 10 años.
Los ayuntamientos de ciudades como Vigo, A Coruña, Santiago y Ourense se dotaron de los servicios de despachos externos paralelos a los que pueden solicitar que se centren en un expediente concreto cada cierto tiempo, garantizándose así la presentación de los mejores recursos ante la Justicia. Los que carecen de estos medios estiran dentro de lo posible los plazos mientras intentan legalizar sus planeamientos urbanísticos, aunque al final "el peso de la ley acaba cayendo siempre sobre ellos", sentencia el promotor inmobiliario.
Los alcaldes gallegos evitan tirar 3.000 edificios ilegales por el coste de las demoliciones
Los promotores admiten que los municipios bien asesorados esquivan los derribos
El urbanismo gallego se resiente de años de laxitud normativa. Galicia acumula, por varios miles, sentencias judiciales de derribo de inmuebles -la mayor parte de las veces por concesión de licencias ilegales- que en buena medida acaban sin ejecutar. Responsables municipales de urbanismo, promotores y arquitectos coinciden en dibujar un complejo panorama urbanístico que comienza con el "dejar hacer" de los gobiernos locales y acaba erosionando las arcas municipales.
Cada sentencia de derribo, y pesan cerca de 3.000 sobre los ayuntamientos gallegos, obliga a los gobiernos locales no solo a afrontar el gasto de la demolición de la obra declarada ilegal, sino también lo de indemnización a los vecinos afectados. Y el problema es que la mayor parte de los municipios carecen de presupuesto suficiente para hacer frente al gasto, con el que se embarcan en un vía crucis de apelaciones y aplazamientos con desigual fortuna para el erario público de cada Administración local.
"Aunque la ley es igual para todos, los ayuntamientos con mejores equipos jurídicos suelen evitar la demolición tras las continuas apelaciones", sostiene Benito Iglesias, presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Ourense (Adeido).
Los ayuntamientos disponen de una partida económica para asumir los gastos de los derribos de inmuebles que varía en función de sus presupuestos, pero que siempre resulta insuficiente. En Ourense, las ocho sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anulan en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) dan cuenta de la situación urbanística en que se encuentra la ciudad.
La concejal responsable de este departamento, Áurea Soto, estimó en 40 millones de euros a demolición, ordenada por sentencia, de la plaza de Sano Antonio, en el centro de la ciudad. El gobierno anterior, que había concedido la licencia, solicitó en su día a no ejecución y el tribunal la negó. El nuevo grupo de gobierno la volvió a pedir. Y la consiguió. "Presentamos una propuesta muy bien elaborada con el trabajo de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, del coordinador de Urbanismo y con una buena asistencia técnica", señala Soto. El alto tribunal gallego aceptó que no se ejecutara e impuso al Ayuntamiento el pago de una indemnización de 360.000 euros a la demandante. El ahorro fue considerable.
El representante de los promotores echa en falta una normativa "unificada y clara" en lugar de "la multitud existente de leyes" que permite "a los mejores juristas" conseguir su propósito de dejar en pie el edificio mientras los ayuntamientos con menos recursos "suelen acabar asumiendo estos costos".
Iglesias lamenta, además, la "ausencia" de órganos de control fundamentales "tanto municipales como judiciales" para evitar en un caso a concesión de licencias irregulares y, en el otro, el "desigual cumplimiento de las sentencias".
El arquitecto, y presidente del colectivo ourensano, Juán Rodríguez, enmarca el problema en el "tradicional dejar hacer" de las Administraciones y sostiene que ahora pagan "todos los ciudadanos las consecuencias". Rodríguez reconoce que los ayuntamientos tienen herramientas para cumplir las sentencias "pero sale caro y, además, es muy impopular", y difícil de asumir, en especial para los políticos con licencias ilegales otorgadas por sus antecesores.
Las herramientas con las que cuentan los ayuntamientos son contadas: "Buenos técnicos y buenos jurídicos con dedicación exclusiva a la Administración" que redacten buenos documentos o que "controlen la calidad de los externos", explica Soto. Se trata de un largo proceso, porque los expedientes duran un promedio de 10 años.
Los ayuntamientos de ciudades como Vigo, A Coruña, Santiago y Ourense se dotaron de los servicios de despachos externos paralelos a los que pueden solicitar que se centren en un expediente concreto cada cierto tiempo, garantizándose así la presentación de los mejores recursos ante la Justicia. Los que carecen de estos medios estiran dentro de lo posible los plazos mientras intentan legalizar sus planeamientos urbanísticos, aunque al final "el peso de la ley acaba cayendo siempre sobre ellos", sentencia el promotor inmobiliario.
#4:
Caso flagrante es del Vigo con edificios (Piricoto, Pastora, Canido Torres Ifer...), centros comerciales (Gran Vía) y puertos deportivos (Punta Lagoa) construidos de forma ilegal y bajo mandato (mirar para otro lado) de los 3 partidos (PP, PSdG y BNG).
http://img442.yfrog.com/i/edificiosilegais.gif/
Aunque flagrante fue el caso del PP en la época de Corina Porro con la autorización del Puerto deportivo de Punta Lagoa (beneficiando al Presidente de Pescanova), supuestamente a cambio de Pescanova aportara dinero para la Volvo Ocean Race y la construcción del Centro Comercial de Gran Vía (benficiando a ING) para que el banco también patrocinara la VOR.
Uno de los edificios de Vigo ilegal, tenía un coste de indemnizaciones por parte del ayuntamiento en cerca de 40 millones de euros, algo que lo llevaría a la ruina económica.
#3 Se refieren a todo tipo de edificaciones. En concreto se habla de un caso de Ourense (tierra adentro) en plena ciudad o casos de edificios en Vigo.
http://img442.yfrog.com/i/edificiosilegais.gif/
Aunque flagrante fue el caso del PP en la época de Corina Porro con la autorización del Puerto deportivo de Punta Lagoa (beneficiando al Presidente de Pescanova), supuestamente a cambio de Pescanova aportara dinero para la Volvo Ocean Race y la construcción del Centro Comercial de Gran Vía (benficiando a ING) para que el banco también patrocinara la VOR.
Uno de los edificios de Vigo ilegal, tenía un coste de indemnizaciones por parte del ayuntamiento en cerca de 40 millones de euros, algo que lo llevaría a la ruina económica.
#3 Se refieren a todo tipo de edificaciones. En concreto se habla de un caso de Ourense (tierra adentro) en plena ciudad o casos de edificios en Vigo.
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Traducción
Los alcaldes gallegos evitan tirar 3.000 edificios ilegales por el coste de las demoliciones
Los promotores admiten que los municipios bien asesorados esquivan los derribos
El urbanismo gallego se resiente de años de laxitud normativa. Galicia acumula, por varios miles, sentencias judiciales de derribo de inmuebles -la mayor parte de las veces por concesión de licencias ilegales- que en buena medida acaban sin ejecutar. Responsables municipales de urbanismo, promotores y arquitectos coinciden en dibujar un complejo panorama urbanístico que comienza con el "dejar hacer" de los gobiernos locales y acaba erosionando las arcas municipales.
Cada sentencia de derribo, y pesan cerca de 3.000 sobre los ayuntamientos gallegos, obliga a los gobiernos locales no solo a afrontar el gasto de la demolición de la obra declarada ilegal, sino también lo de indemnización a los vecinos afectados. Y el problema es que la mayor parte de los municipios carecen de presupuesto suficiente para hacer frente al gasto, con el que se embarcan en un vía crucis de apelaciones y aplazamientos con desigual fortuna para el erario público de cada Administración local.
"Aunque la ley es igual para todos, los ayuntamientos con mejores equipos jurídicos suelen evitar la demolición tras las continuas apelaciones", sostiene Benito Iglesias, presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Ourense (Adeido).
Los ayuntamientos disponen de una partida económica para asumir los gastos de los derribos de inmuebles que varía en función de sus presupuestos, pero que siempre resulta insuficiente. En Ourense, las ocho sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anulan en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) dan cuenta de la situación urbanística en que se encuentra la ciudad.
La concejal responsable de este departamento, Áurea Soto, estimó en 40 millones de euros a demolición, ordenada por sentencia, de la plaza de Sano Antonio, en el centro de la ciudad. El gobierno anterior, que había concedido la licencia, solicitó en su día a no ejecución y el tribunal la negó. El nuevo grupo de gobierno la volvió a pedir. Y la consiguió. "Presentamos una propuesta muy bien elaborada con el trabajo de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, del coordinador de Urbanismo y con una buena asistencia técnica", señala Soto. El alto tribunal gallego aceptó que no se ejecutara e impuso al Ayuntamiento el pago de una indemnización de 360.000 euros a la demandante. El ahorro fue considerable.
El representante de los promotores echa en falta una normativa "unificada y clara" en lugar de "la multitud existente de leyes" que permite "a los mejores juristas" conseguir su propósito de dejar en pie el edificio mientras los ayuntamientos con menos recursos "suelen acabar asumiendo estos costos".
Iglesias lamenta, además, la "ausencia" de órganos de control fundamentales "tanto municipales como judiciales" para evitar en un caso a concesión de licencias irregulares y, en el otro, el "desigual cumplimiento de las sentencias".
El arquitecto, y presidente del colectivo ourensano, Juán Rodríguez, enmarca el problema en el "tradicional dejar hacer" de las Administraciones y sostiene que ahora pagan "todos los ciudadanos las consecuencias". Rodríguez reconoce que los ayuntamientos tienen herramientas para cumplir las sentencias "pero sale caro y, además, es muy impopular", y difícil de asumir, en especial para los políticos con licencias ilegales otorgadas por sus antecesores.
Las herramientas con las que cuentan los ayuntamientos son contadas: "Buenos técnicos y buenos jurídicos con dedicación exclusiva a la Administración" que redacten buenos documentos o que "controlen la calidad de los externos", explica Soto. Se trata de un largo proceso, porque los expedientes duran un promedio de 10 años.
Los ayuntamientos de ciudades como Vigo, A Coruña, Santiago y Ourense se dotaron de los servicios de despachos externos paralelos a los que pueden solicitar que se centren en un expediente concreto cada cierto tiempo, garantizándose así la presentación de los mejores recursos ante la Justicia. Los que carecen de estos medios estiran dentro de lo posible los plazos mientras intentan legalizar sus planeamientos urbanísticos, aunque al final "el peso de la ley acaba cayendo siempre sobre ellos", sentencia el promotor inmobiliario.
Código penal Artículo 319.
1. Se impondrán las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.
2. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable.
3. En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, _motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
Las demoliciónes la pagan los infractores, ¿que justificación es la de los Ayuntamientos? imagino que no es la que declaran.
No es eso. Es que quedan unas semanas para que el PP declare la amnistía urbanística. Y luego los alcaldes no van tener como justificar la devolución de favores.
Es la misma razón que hace que cientos de expedientes urbanísticos denegables ahora, estén paralizados; en breve comenzará la libre urbanización de Galicia.
La primicia, en los comentarios de menéame.
He leido todo el artículo pero no lo entiendo bien
¿Se refieren a las posibles demoliciones de viviendas construidas ilegalmente a pie de playa (ejemplo) ?
Es que si es así, lo normal sería que el gasto de la demolición y costas de juicio si las hubiese fuesen a cargo del propietario de dicha vivienda, supongo.
Y si no es eso, lo siento, me he perdido y no logro pillar la cuestión
Caso flagrante es del Vigo con edificios (Piricoto, Pastora, Canido Torres Ifer...), centros comerciales (Gran Vía) y puertos deportivos (Punta Lagoa) construidos de forma ilegal y bajo mandato (mirar para otro lado) de los 3 partidos (PP, PSdG y BNG).
http://img442.yfrog.com/i/edificiosilegais.gif/
Aunque flagrante fue el caso del PP en la época de Corina Porro con la autorización del Puerto deportivo de Punta Lagoa (beneficiando al Presidente de Pescanova), supuestamente a cambio de Pescanova aportara dinero para la Volvo Ocean Race y la construcción del Centro Comercial de Gran Vía (benficiando a ING) para que el banco también patrocinara la VOR.
Uno de los edificios de Vigo ilegal, tenía un coste de indemnizaciones por parte del ayuntamiento en cerca de 40 millones de euros, algo que lo llevaría a la ruina económica.
#3 Se refieren a todo tipo de edificaciones. En concreto se habla de un caso de Ourense (tierra adentro) en plena ciudad o casos de edificios en Vigo.
#4 Ok, gracias por la aclaración
Artículo 319.
1. Se impondrán las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.
2. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable.
3. En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.
Perdón por la repetición, cosas de acabar con el tiempo de edición.
Si en Galicia hubieran terremotos lo lamentaríais mucho.
Sencillo, si son construcciones ilegales, que cargue con las costas la constructora, y si ya no existe (puta crisis artificial) a construir VPO (a precio puta [¿No se quejan de que las prisiones son caras? Pues que trabajen presos para pagarse la manutencion], no a precio de mi querido amigo constructor) para los que compraron casa, y a darles un manual de la documentacion a solicitar antes de comprar una casa.
Pues que los expropien y luego los revendan con periodo de existencia limitado,
y la responsabilidad de demolición a cargo del ayuntamiento cuando toque.