Sindicatos, federaciones profesionales, grandes cuerpos del Estado, políticos locales, funcionarios, todos se activan para salvaguardar sus situaciones, sus privilegios, sus ingresos, sin cuestionarse nada. Francia jamás se reforma, pero a veces hace la revolución. A cada lobby se le da según su capacidad de molestar. Este inmovilismo tiene raíces sólidas. La historia del país, sucesión de largos periodos de conservadurismo y de sobresaltos brutales, inclina al pesimismo. Traducción completa en comentario 1.
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TRADUCCION DEL ARTICULO
«Es un casus belli!» Christian Grolier, el secretario general de Fuerza Obrera en la Federacion general de funcionarios no suaviza sus palabras. La sola mención en el informe, entregado el 14 de junio, del antiguo presidente del consejo de orientación sobre pensiones, Yannick Moreau, de la idea de tomar ya en cuenta solo los últimos seis meses, sino los diez mejores años, para calcular el importe de la pensión de los funcionarios, fue suficiente para sacar de sus casillas al responsable del primer sindicato de la función pública. “Seremos inflexibles sobre la regla de los seis meses, así como sobre el respeto al código actual de pensiones civiles y militares, que debe de ser intocable”, indica Christian Grolier. La CGT-función pública también está en esta línea, amenazando al gobierno con su ira si toca el cálculo de los famosos seis meses. Los 5,2 millones de funcionarios, ya descontentos con la congelación de salario ya por tres años, sin duda que no van a apreciar que se les iguale progresivamente con las reglas de pensiones del sector privado, donde las pensiones, recordémosles, se calculan sobre la base de los salarios… de los 25 mejores años.
La tensión sube a algunos días de la segunda gran conferencia social que debe reunir, en torno al primer ministro Jean-Marc Ayrault, a las principales organizaciones sindicales y patronales con el fin de lanzar un acuerdo sobre varias reformas, entre ellas esta, explosiva, de las pensiones. El espectro de un verano caliente y un otoño agitado, atizado por sindicatos que remontan en vuelo como péndulos, comienza a hacer sudar a los miembros de los gabinetes ministeriales. Ya hay huelgas puntuales en la SNCF y el control aéreo. Un jornada de acción se perfila en la función pública para principio de octubre, quizás antes. «Una semana de bloqueo del país sería eficaz para hacer evolucionar la relación de fuerzas a nuestro favor », advierte Christian Grolier.
¿Bloquear el país? Los sindicatos más radicales, CGT y FO a la cabeza, furiosos por haber sido ignorados por el acuerdo interprofesional de enero de 2013 sobre la estabilización del empleo (firmado mayoritariamente por sus rivales, y convertido en ley) así lo sueñan, con el fin de reventar la negociación sobre pensiones. El fragmento vigente de la reforma de 2010, impuesto por Nicolas Sarkozy y François Fillon pese a las repetidas manifestaciones, nunca acabó de ser aceptado. «Las jornadas de acción esparcidas durante muchos meses condujeros a un fracaso del movimiento. Hay que ser más duro esta vez», se oye en los pasillos de ciertos sindicatos. No se sabe todavía si estas órdenes serán en efecto cumplidas. Pero nadie duda de la capacidad de algunas organizaciones de paralizar sectores enteros de actividad si lo deciden.
El recuerdo de mayo del 68, que tambaleó el régimen gaullista, o el de las grandes huelgas de 1995, que hicieron recular al gobierno de Juppé, no está lejano. No queda otra, para algunos ultras, que intentar jugar esa ficha, en una nación deprimida y nerviosa, reacia a los compromisos y prisionera de corporativismos listos para movilizarse para conservar sus privlegios. Porque los grupos de presión no han dejado, estas últimas décadas, de poner trabas a las reformas. «En cada batalla, hay una empresa que se moviliza », indica Michel Rousseau, presidente de la Fondation Concorde, un think tank liberal. «Utilizan toda la variedad de modos de actuación de un lobby muy organizado. Y cuanto más cercanos a los círculos de poder, más posibilidades de ser escuchados. », explica Guillaume Courty, profesor de ciencias políticas en Sciences-Po Lille y director de un grupo de investigación sobre los lobbies.
Sindicatos, federaciones profesionales, grandes cuerpos del Estado, políticos locales, funcionarios, todos se activan para salvaguardar sus situaciones, sus privilegios, sus ingresos, sin cuestionarse nada.
¿Qué el ministro de educación Vincent Peillon quiere modificar los ritmos escolares, como sugieren todos los especialistas? Los enseñantes protestan vigorosamente. ¿El tema es poder trabajar en domingo en ciertas tiendas para responder mejor a la demanda de la clientela? Los defensores del descanso dominical atacan judicialmente. ¿Limpiar los setenta mil millones de euros de nichos fiscales para los que el descubrimiento está sujeto a sanción? Los profesionales inmobiliarios y los políticos del DOM-TOM se cierran para conserver sus privilegios. ¿Innovar para crear un sistema simplificado para los autoemprendedores? Incluso aquí, los artesanos se ponen en guerra contra esta competencia desleal. ¿La Seguridad Social empieza a ahorrar gracias a los genéricos? Algunas farmaceuticas, habituadas a los beneficios, organizan la denigración de estas moléculas menos costosas. A cada lobby se le da según su capacidad de molestar.
Este inmovilismo tiene raíces sólidas. La historia del país, sucesión de largos periodos de conservadurismo y de sobresaltos brutales, inclina al pesimismo. «Desde siempre, Francia jamás se reforma, pero a veces hace la revolución », se lamenta Jacques Atttali, en su último libro Urgencia Francesas (Fayard). Encargado en 2007 por Nicolas Sarkozy para crear una comisión interpartidaria para la “liberación del crecimiento francés”, el antiguo sherpa de François Mitterrand emitió 316 ideas para las reformas. Según su cuenta, Sarkozy aplicó un tercio durante su mantado (entre ellas, el gobierno autónomo de las universidades, el autoempleo, el despido de mutuo acuerdo), propuso otro tercio durante su campaña 2012 (entre ellos el IVA social y la reforma de la educación primaria), y descartó lo esencial, como la reforma del estados, el Gran París, o la revisión de la apertura de las profesiones colegiadas, que parecieron políticamente demasiado peligrosas. La simple sugerencia de una posible desreglamentación del sector de los taxis parisinos fue suficiente, en 2008, provocó una trombosis en la región de París, embotellada por taxistas coléricos. El tema fue piadosamente enterrado. Por lo que respecta a François Hollande, no ha, según Jacques Attali, tocado hasta ahora ni uno de las rentas y los privilegios que minan el país.
La prudencia política no es lo único que se cuestiona. La dificultad en cambiar de hábito viene también de una terquedad de la situación. «Nos falta una evaluación objetiva de las políticas públicas llevadas a cabo durante décadas », lamenta Laurent Bigorgne, director del Instituto Montaigne. Los escasos análisis profundos vienen de los magistrados del tribunal de cuentas o de la inspección de finanzas, con un enfoque a menudo puramente contable o presupuestario. Resultado: sea sobre la vivienda, el empleo, las pensiones, el apoyo a empresas, o la educación, cada lobby esgrime las cifras que le convienen. Las derivadas y los abusos son parcialmente disimulados. «Como la mayor parte de las políticas públicas han sido progresivamente desviadas y captadas por los que se benefician de ellas, nadie tiene interés en que desaparezcan, continua. Los alrededor de 30.000 millones tragados cada año por la formación profesional también desprenden ese tono de las Danaidas. Sindicatos y patronal son reticentes a hacer la limpieza que se impone, ya que se financian en parte de esa partida, en la más perfecta opacidad.
Un tercer factor acentúa estas cargas corporativistas: la rigidez del estado. El estatus de la función pública, gran conquista de la posguerra, se ha transformado en una cortapisa con, de una parte, una plantilla hiperprotegida, y de otra, cada vez más personal laboral (900 000 en el último censo). Los Gracques, grupo de altos funcionarios, de izquierda y centro, defendían en 2011, en su declaración colectiva “lo que no puede durar” (Albin Michel) la desaparición progresiva de este estatus. Una perspectiva que hace aullar a los funcionarios públicos, que la consideran la niña de sus ojos.
La separación de estructuras refuerza el status quo. Las movilidades de personal en las administraciones son rarísimas. Cada ministerio, de Bercy a Beauveau, parece una fortaleza. Sus sindicatos defienden cada torreón y cada respiradero.
A excepción de las alteraciones en defensa, con la profesionalización de los ejércitos, y su reducción programada en los sucesivos libros blancos, ninguna reforma de envergadura ha reducido las tareas encargadas al estado. Además, los 13 grandes cuerpos de altos funcionarios (inspectores de finanzas, ingenieros de minas, de puentes, consejero de estado, etc) se agarran a sus privilegios. “Hay una alianza objetiva entre la alta función pública y los sindicatos de funcionarios para no cambiar nada”, denuncia Agnès Verdier-Molinié, presidenta de la Fundación iFrap y autora de del Los Funcionarios contra el Estado (Albin Michel).
Incluso el acceso a estos grandes cuerpos está bien defendido. Desde los preparativos del proyecto de ley de enseñanza superior de la ministra Geneviève Fioraso, uno de los artículos iniciales preveía abrir el concurso interno de la Escuela Nacional de Administración (ENA) a candidatos que tuvieran un doctorado universitario, con perfiles más variados. Destinado a mejorar el valor de este título en el mercado de trabajo, el artículo se inscribía en la lógica de François Hollande, que recomendó en febrero que el estado diese ejemplo facilitando el acceso de doctores universitarios a carreras en la función pública. Pero durante los arbitrajes interministeriales, se suprimió el artículo por las presiones de los gabinetes. Los antiguos alumnos de la NEA se movilizaron contra esta reforma. Faltó la tenacidad de algunos diputados (Verdes, PS y UMP) para restaurar, por una enmienda adoptada en primera lectura a final de mayo, esta nueva vía de acceso al concurso de la ENA. «Es esa endogamia tan frances la que hay que intentar abrir », pidió el socialista Jean-Yves Le Déaut. Pero el texto sigue lejos de ser definitivamente votado. «Los grandes cuerpos del estado siguen siendo muy corporativi
#1 Genial por la traducción
De un tiempo a esta parte, me resulta sorprendente lo igual que son las situaciones de Francia y España: mismas preocupaciones, mismos temas. En España ahora mismo discutimos sobre pensiones, educación, y organización territorial y administrativa, y el poder en la sombra de las grandes empresas, y su influencia en el déficit. Y en Francia... igual.
Lo único que tenemos aquí como distintivo de la marca España en el debate público es... la corrupción. O sea, peor.
A le Figaro,periodico de derechas,le encantaría una Thatcher francesa.Pués se vá a comer lo que se comió el moro Muza porque incluso Marine Le Pen tiene ideas económicas y sociales que la convierten en una peligrosa bolchevique al lado de Rajoy.