Tras unos 15 años promoviendo los cultivos energéticos como alternativa al petróleo en el transporte, el Parlamento votó hoy una limitación de los biocombustibles producidos a base de cultivos alimentarios (trigo, maíz, colza, caña o palma) al 6% de la energía final consumida en los transportes, para reducir su impacto negativo en la producción de alimentos y la deforestación. Se fija en paralelo un objetivo del 2.5% a alcanzar por los “biocombustibles avanzados”, fabricados a base de desechos agrícolas y forestales o de microalgas.
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EL PARLAMENTO EUROPEO LIMITA LOS BIOCOMBUSTIBLES CONSIDERADOS DAÑINOS
Europa ha dado finalmente un frenazo a los biocombustibles. Por una corta mayoría (356 votos a favor, 327 en contra, y 14 abstenciones), el Parlamento europeo se ha pronunciado el miércoles 11 de septiembre, a favor la una limitación de los biocombustibles llamados “de primera generación”, producidos a base de cultivos alimentarios (trigo, maíz, colza, caña o palma): estarán limitados al 6% de la energía final consumida en los transportes, con el fin de de reducir su impacto negativo en la producción de alimentos y la deforestación.
El texto fija en paralelo un objetivo del 2.5% a alcanzar por los “biocombustibles avanzados”, considerados mejores, a base de desechos agrícolas y forestales o de microalgas (llamados de segunda y tercera generación). Al final, estos carburantes deben permitir alcanzar el objetivo del 10% de energías renovables en los transportes en el año 2020; el 1.5% que falta vendría de los vehículos eléctricos.
Este resultado, incierto hasta el último minuto, se obtuvo después de intensas negociaciones y de agitados debates entre los grupos políticos. La comisión de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria del Parlamento ya había votado un límite del 5,5% en julio, mientras que la comisión de industria, investigación y energía, quería que el límite fuese el 6,5%
“El debate ha sido muy difícil, porque es un texto muy técnico con implicaciones económicas muy importantes. El lobby de la industria de biocombustibles, especialmente el del aceite de palma, ha estado muy intenso intentando influir en los diputados uno a uno”, se lamenta la eurodiputada Corinne Lepage, ponente de este espinoso expediente, que ha recibido una oposición feroz de la formación mayoritaria, el Partido popular europeo (PPE), así como las deserciones en el seno de su propio partido, la Alianza de demócratas y liberales por Europa (ADLE).
Con esta votación, el Parlamento ratifica el giro de la Unión en materia de biocombustibles. Después de haber desarrollado y promovido durante unos quince años los cultivos energéticos presentados como una alternativa al petróleo en los transportes, la Comisión europea dio marcha atrás en octubre de 2012, reconociendo, a instancias de numerosas ONGs e instituciones internacionales, lo nocivo de los biocombustibles para el planeta.
Tres son las quejas principales: al acaparar tierras antes destinadas a la alimentación humana y animal, estos cultivos han contribuido a la subida mundial de los precios de los alimentos observada desde 2007, y por tanto han participado en la creación de la inseguridad alimentaria en los paises en desarrollo. Su coste además está lejos de ser despreciable para los consumidores: un informe del Instituto internacional para el desarrollo sostenible, publicado en abril, lo evaluó en 10.000 millones de euros para Europa en 2011.
Sobre todo, estos carburantes considerados “verdes” presentan, en realidad, un balance medioambiental calamitoso cuando se tiene en cuenta lo que se llama “cambio indirecto de afectación de suelos” (ILUC en inglés). El caso es que las plantaciones destinadas a biocombustibles acarrean la destrucción de bosques o praderas en la Amazonía o en Indonesia, y por tanto una pérdida de ecosistemas que captan dióxido de carbono (CO2). El instituto internacional de investigación sobre políticas alimentarias había también calculado que las emisiones de gases de efecto invernadero del biodiésel fabricado a partir de aceite de palma, soja o colza, son superiores a las del diésel de origen fósil.
El último adelanto del texto votado el miércoles es introducir, en 2020, este factor ILUC en la directiva sobre calidades del carburante, con el fin de distinguir los “buenos” de los “malos” biocombustibles en función de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Resultado: el biodiésel, que es la parte principal del mercado, pero que no cumple los criterios de sostenibilidad, será penalizado a favor del bioetanol, con bajas emisiones de CO2. La introducción de este criterio ha dado lugar a una batalla entre las industrias, que se oponen a su pertinencia y temen por el futuro de la actual industria de biocombustibles, y las organizaciones ecologistas, que desean que se limiten.
Al final, Corinne Lepage en cambio no ha conseguido el mandato de negociación que le pedía al Parlamento para llegar a un acuerdo rápido con los estados miembros sobre estas nuevas reglas. Una segunda lectura del texto será por tanto necesaria, retardando el proceso legislativo. “Podríamos haber tenido un texto a final de la legislatura, pero ahora, no lo habrá antes de 2015” se lamenta la antigua ministra francesa de ecología. “Es contraproducente, también para las industrias, en la medida en que, sin saber las reglas de juego definitivas, no se sabe en qué invertir, y por tanto donde crear los puestos de trabajo”.
Lo normal es que esta gente tenga informes del impacto de la producción de los biocombustibles, y que voten con respecto a esos informes. Pero teniendo en cuenta los intereses económicos de los votos de hoy en día es difícil saber lo que ha pasado exactamente.
Los coches eléctricos podrían convertirse en el 50% de los coches que circulan por las carreteras, sólo tendrían que dar facilidades para la homologación de las conversiones de coches de gasolina a coches de motor eléctrico y baterías, y se crearían muchos puestos de trabajo y se impulsaría la economía de todos los países de la comunidad europea.
Menos mal.