Tras 31 años de democracia y de vigencia de una Constitución que establece “que ninguna confesión tendrá carácter estatal”, las relaciones entre la Iglesia católica y el estado no han cambiado sustancialmente, aunque la influencia de aquella sobre la sociedad sea mucho menor. El incremento de la financiación de la Iglesia por parte del Estado y los privilegios económicos, fiscales, simbólicos, jurídicos y políticos, de los que disfruta la iglesia , demuestra que estamos en un estado confesional encubierto. La cifra asciende a los 7.000 millones
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