Los contratos suscritos por los anteriores responsables del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) con las entidades bancarias que financiaron el programa de gestión de residuos generaron unas pérdidas patrimoniales de 5,7 millones de euros desde el mismo momento de la firma. Relacionada: GHK denuncia la contratación de productos especulativos por los anteriores gestores
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En un país medio serio, estos "responsables" estarían ante el juez y en prisión preventiva.
La Asamblea precisó además que, de producirse modificaciones «sustanciales», deberían ser sometidas a «una nueva aprobación de la Asamblea General en el plazo de un mes».
Ese mismo día, el Consejo de Administración de GHK otorgó al presidente Ormazabal y al director Etxezarreta poderes «para la realización de actuaciones relacionadas con la operación de financiación».
Es decir, se autorizó a ambos para firmar en nombre de GHK «cualquier contrato, incluyendo derivados financieros, sin límite de cuantía», pero con la obligación de informar y someterlo a la decisión de la Asamblea si se producían cambios de calado. «Esto nunca se produce, nunca se da cuenta de modificaciones», sentencia el informe.
Es el 12 de mayo de 2011, diez días antes de las elecciones forales, cuando Ormazabal y Etxezarreta firman ese segundo tramo y cinco días más tarde cumplimentan las escrituras ante el mismo notario, con despacho en el centro de Donostia.
Para entonces ya suponían que después de las elecciones no podrían controlar el consorcio. Le pasamos la mierda a Bildu.
Relacionada: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/01/paisvasco/1359748926_375018.html