Era la noche electoral de las elecciones al parlamento vasco de 2001, y los afiliados del PNV se agolpaban en la sede del partido. Los resultados que empezaban a conocerse eran magníficos para los jeltzales, que triunfaban hasta en Álava, tradicionalmente pepera. La euforia se desató y comenzaron a corearse consignas varias. La más repetida era "Oreja, entzun, Araba euskaldun". Traducido significa "Oreja (Jaime Mayor Oreja, candidato a lehendakari del PP), escucha, Álava es euskalduna" www.servimedia.es/noticias/elecciones-gritos-independentzia-ellos-oe-o

Pese a que por entonces ETA estaba bien activa, ni un solo dirigente del PP criticó ese grito ni afirmó sentirse amenazado. Era obvio que el grito "Fulano, entzun" (en castellano, Fulano, escucha) es uno de los más coreados en reivindicaciones políticas, sindicales...tanto en España como allí ("Aznar, escucha, España está en la lucha"). El hecho de que algún cabestro batasuno lo usase para amenazar a cargos públicos o al juez Garzón cuando cerró Egin ("Garzón, entzun, pim pam pum) no lo priva de esa universalidad, y es un insulto a la inteligencia concebirlo como una amenaza simplemente porque un 0.00001% de la gente que lo ha usado a lo largo de las últimas décadas y le ha puesto la coletilla "pim pam pum", era proetarra.

Ayuso, como sabéis, hizo algo peor www.lasexta.com/noticias/nacional/ayuso-inventa-amenaza-etarra-pim-pam Primero mintió como una bellaca diciendo que el lehendakari Pradales le soltó "Ayuso, entzun, pim pam pum". Cuando su mentira quedó al descubierto, sostuvo que daba igual que le hubiese dicho EXACTAMENTE LO MISMO QUE A MAYOR OREJA EN 2001 ("Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun") porque era una amenaza igualmente. Ni el ultraderechista opusino de Mayor Oreja tuvo la desfachatez de afirmar tal cosa cuando corearon aquel grito para celebrar la victoria del PNV sobre su candidatura.

Pero Ayuso rompe todos los moldes en lo que a estupidez y falta absoluta de escrúpulos se refiere. Y el titiritero que mueve sus hilos, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), es aún peor, porque a diferencia de ella no tiene encefalograma plano, sino que es un zorro sin límite ético de ningún tipo, dispuesto a usar cualquier treta, incluida la mentira burda, obscena y permanente, para rascar votos. Cuando Antonio Maestre preguntó a MAR si Ayuso se disculparía por sus mentiras, ésta fue la respuesta www.elplural.com/extratele/antonio-maestre-desvela-conto-miguel-angel-

Como digo, Ayuso es débil mental. Inculta, intelectualmente atrofiada, incapaz de hilar dos frases sin el pinganillo puesto y MAR chivándole el texto (este vídeo es glorioso x.com/caminantes21/status/1973356044744339856 ). A la vez, es moralmente abyecta, clasista, carente de toda empatía. Desprecia tanto a las clases populares madrileñas como a los civiles masacrados en Gaza. Sólo quiere riqueza, lujos y placeres, y la política es su medio para lograrlos. Un instrumento para su beneficio personal a costa de sacrificar lo que sea y a quien sea, con una indiferencia absoluta hacia el dolor y la injusticia que pueda provocar. Su nula inteligencia, que podría parecer un hándicap, en realidad es otro punto a su favor, pues las élites que la manejan quieren una tarada hedonista que solamente piense en zampar y gozar, para que firme todo lo que le digan y haga todo lo que le manden. Además, el mensaje de "sé un sinvergüenza analfabeto, con el cerebro en coma y sin escrúpulos, llegarás lejos" que Ayuso transmite con cada gesto, es útil para fomentar el envilecimiento y embrutecimiento del electorado, garantía de que les sigan votando a ella y a sus jefes. No es algo exclusivo de Madrid. En Murcia tenemos otra ameba tragaldabas igual en la presidencia de la comunidad, colocado precisamente por ser una ameba tragaldabas, tal y como expliqué aquí www.meneame.net/story/hay-tantos-ninis-cabeza-estas-elecciones-general

Nos han tocado tiempos siniestros, donde la mentira, la vileza y la estupidez se promueven como valores y sus máximos exponentes ocupan cargos de máxima responsabilidad. Sólo nos queda seguirlo denunciando y esperar que tantos españoles despierten.

La Constitución Española (CE en adelante) se cocinó con toneladas de hipocresía y oropel, destinadas a fingir que somos un Estado social, callar a los partidos de izquierdas con concesiones simbólicas y mantener los privilegios económicos de las viejas élites franquistas. Esta realidad, que explicaré en los siguientes párrafos, tiene una incidencia decisiva en la cuestión que vamos a analizar en este artículo: la posible inclusión en la CE del aborto como un derecho que, al estar protegido por la Carta Magna, ninguna mayoría parlamentaria puede negar mediante la aprobación de leyes que lo prohíban o desvirtúen. Este blindaje constitucional del aborto ha sido propuesto por el PSOE ante las reiteradas declaraciones de Vox que niegan que sea un derecho y abogan por abolirlo, y el PP se ha opuesto www.heraldo.es/noticias/nacional/2025/10/03/pp-ve-innecesario-blindar-

Antes de entrar en el meollo debemos tener claras varias cuestiones. La primera es el concepto de derecho subjetivo. Un derecho subjetivo es un arma que nos otorga la ley para defender un bien jurídico (vida, libertad, integridad física...) que nos pertenece. El derecho subjetivo está integrado por facultades concretas, que son posibilidades de exigir a los demás acciones u omisiones a nuestro favor (que nadie se cuele en mi casa sin mi permiso, que el Estado me cure si enfermo, que se me proporcione una educación pública de calidad, que nadie me agreda....). Y esas facultades son, por su propia naturaleza, exigibles ante los tribunales, encargados de proteger el contenido de todo derecho subjetivo. Un derecho subjetivo no reivindicable judicialmente es, en la práctica, una pistola sin gatillo. O un camelo, o una burla a su titular, porque no le permite accionar para proteger el bien jurídico que el Estado le reconoce, de modo que cualquiera puede vulnerárselo alegremente.

La Constitución reconoce auténticos derechos subjetivos (los derechos fundamentales) y otros "derechos" que en realidad son camelos. Los derechos fundamentales, ubicados en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la CE, son reivindicables ante el Tribunal Constitucional (TC en adelante) mediante el recurso de amparo por cualquier ciudadano si se le violan, y básicamente coinciden con el clásico catálogo de derechos civiles y políticos (reunión, manifestación, libertad religiosa, inviolabilidad del domicilio, participación política, libertad de expresión, vida, integridad física y moral...). Cierto es que para acudir al TC tienes que agotar previamente todas las instancias judiciales ordinarias, y que las probabilidades de que consideren interesante tu recurso y con ello lo admitan a trámite son de menos del 1% (pues el TC solamente admite a trámite los recursos que tengan "especial transcendencia constitucional, que para ellos es básicamente que el caso que les planteas sea novedoso y original, o que afecte a muchísima gente aparte de ti). Pero algo es algo.

Y luego están los falsos derechos o derechos-camelo. Los encontramos básicamente en el Capítulo Tercero, y abarcan el grueso de los derechos sociales, como la vivienda digna. Estos derechos no son reivindicables por el ciudadano, pues la CE no permite usar el recurso de amparo para reclamarlos. Para colmo, el TC ha dicho reiteradamente que, a diferencia de los derechos fundamentales, no tienen contenido esencial (el contenido esencial es ese núcleo central o contenido mínimo del derecho que el legislador debe respetar sí o sí para no violarlo), correspondiendo al legislador decidir cuánto los desarrolla con una libertad que, en la práctica, es absoluta.

Ciertamente, hay una vía para reclamar los derechos sociales del Capítulo Tercero, pero requiere un mínimo de honestidad e independencia de los magistrados del TC que, por su elección política y su dependencia del PPSOE, es difícil encontrar. Esa vía consiste en vincularlos a derechos fundamentales, de modo que si se me viola el derecho a la vivienda también se atenta contra mi integridad moral al condenárseme a condiciones denigrantes e incompatibles con mi dignidad, al igual que mi intimidad, al privárseme de un hogar donde desarrollar mi vida personal y familiar lejos de miradas ajenas. De este modo, puedo reivindicar el derecho social mediante un recurso de amparo. Pero el TC, tan tristemente politizado, siempre ha rechazado tal posibilidad. Por tal causa, en España no tenemos derecho a la vivienda, ni ninguno de los derechos sociales del Capítulo Tercero, que se incluyeron en la CE para que el PCE y el PSOE pudiesen decir a sus bases que habían conseguido algo que, en realidad, no era nada.

Hemos dicho que el TC está radicalmente politizado. Ello se debe a la elección política de sus magistrados: 4 por el congreso de los diputados, 4 por el senado, dos por el gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales elige el parlamento. A ello se suman las puertas giratorias judiciales, consistentes en que el magistrado apadrinado por un partido tiene, si se porta bien, la garantía de que será colocado en otro alto cargo (magistrado del Tribunal Supremo, Fiscal General del Estado, alto cargo del Ministerio de Justicia...) cuando acabe su mandato.

Una vez aclarado todo lo anterior, vamos al aborto. El TC lo declaró recientemente como parte o facultad inherente a varios de los derechos fundamentales consagrados en la CE, tales como el libre desarrollo de la personalidad o la integridad moral, avalando con ello la última ley del aborto promovida por PSOE y aliados, que nos equiparaba a nuestros vecinos del norte (Francia, Alemania...) al establecer una ley de plazos para abortar www.newtral.es/tribunal-constitucional-aborto-sentencias-2023/20230720.

El razonamiento es, a mi juicio, impecable: los derechos subjetivos implican facultades, esto es, posibilidades de exigir a terceros acciones u omisiones para proteger el bien jurídico que amparan. Exigir que no me obliguen a ser una incubadora andante y destroce mi plan de vida asumiendo un hijo no deseado, encaja de lleno en el contenido esencial de los derechos fundamentales antes citados, constituyendo por tanto una de las facultades que llevan aparejadas. Si el desarrollo del feto es limitado en el momento en que reclamo ejercer tal facultad. podemos decir que la ponderación entre el bien jurídico que constituye la vida humana en formación y los bienes jurídicos que protegen mis derechos fundamentales, mueve la balanza en la dirección del aborto libre. Si el desarrollo del feto es mayor, entonces el aborto no podrá ser libre, quedando circunscrito a una serie de supuestos que todos conocemos.

¿Qué sentido tiene entonces constitucionalizar el derecho al aborto si el TC ha dicho que es parte de los derechos fundamentales ya reconocidos? Tiene mucho sentido, porque lo han dicho unos magistrados elegidos en su mayoría a instancias del PSOE, con la oposición de los magistrados elegidos a instancias del PP. Cuando haya mayoría conservadora, el criterio sería diametralmente opuesto, y podría incluso restringirse de forma radical el derecho al aborto...o prohibirse. Porque, como ya dije, en el TC la razonabilidad jurídica se supedita muchas veces a la lealtad política.

¿Puede el PSOE constitucionalizar el derecho al aborto sin el PP? De ninguna manera. Los artículos 167 y 168 de la CE regulan, respectivamente, los procedimientos de reforma constitucional simplificado (que se usa para cambiar partes de la CE que no se consideran de singular relevancia) y agravado (para aquellas partes esenciales de la CE, como la que regula la monarquía...o los derechos fundamentales). Si el PSOE quisiese meter el derecho al aborto en el Capítulo Tercero, lo cual sería un brindis al sol porque los derechos allí plasmados son papel mojado, necesitaría tres quintos del Congreso de los Diputados y la mayoría absoluta del Senado. No los tiene. Si quisiera incluirlo en el apartado que regula los derechos fundamentales (donde sí tendría un papel crucial) necesitaría dos tercios en ambas cámaras. Y luego disolver las Cortes, convocar elecciones, que las nuevas Cortes avalaran la reforma por dos tercios...y convocar un referéndum ratificatorio. Ciencia ficción en estos tiempos.

Con ello, podemos concluir que estamos ante una maniobra para retratar a PPVox y demostrar lo fachas que son en relación con un derecho que las mujeres españolas, con toda la razón, valoran mucho. Eso y que nuestro sistema constitucional es francamente mejorable, extremo éste imprescindible para que superemos nuestras rémoras franquistas de una vez.

Sirva este artículo de homenaje a Pepe Orihuela, único rector de la Universidad de Murcia al que he votado desde que soy profesor de la institución (profesor asociado en aquellos tiempos) y que nunca me defraudó. Ahora toca hablar de los demás, a quienes nunca voté y que siempre me defraudaron.

Ayer me llegó al correo un comunicado de la Junta de PDI de la Universidad de Murcia (el Comité de Empresa de los profesores funcionarios de nuestra universidad). Paso a copiarlo:

LA JUNTA DE PDI DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA SOLICITA AL RECTOR QUE CONVOQUE ELECCIONES DE MANERA INMEDIATA

La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Murcia desea reconocer el esfuerzo y la dedicación del Rector en el desempeño de un cargo tan exigente como la dirección de nuestra institución. A lo largo de estos años, su gestión ha estado marcada, como es natural en responsabilidades de esta envergadura, por aciertos y también por errores, y agradecemos el compromiso personal y profesional demostrado.

 Sin embargo, tras la confirmación pública del 19 de septiembre de su condición de Secretario General de la CROEM in pectore —reconocida por el propio Rector y por dicha entidad—, consideramos que concurre un conflicto de intereses, o al menos su apariencia, que puede comprometer la integridad institucional y la ética pública inherentes al cargo. Una situación de esta naturaleza resulta difícilmente compatible con la dirección de una universidad pública, que debe regirse por los principios de transparencia, independencia y dedicación exclusiva a la comunidad universitaria.

 Por todo ello, y en beneficio de la institución que compartimos y apreciamos, la Junta de PDI le solicita que convoque elecciones de forma inmediata, de manera que la Universidad de Murcia cuente con una dirección libre de cualquier posible conflicto de intereses y plenamente comprometida con su exclusiva responsabilidad universitaria.

Efectivamente. La CROEM (Confederación Empresarial de la Región de Murcia, esto es, la patronal que agrupa a las empresas murcianas) ha fichado como nuevo Secretario General a nuestro actual rector José Luján www.laverdad.es/murcia/croem-ficha-rector-umu-jose-lujan-nuevo-2025091 Y lo ha hecho público cuando aún le quedan bastantes meses de mandato como rector. El conflicto de intereses es obvio y la Junta de PDI (nada revolucionaria ni subversiva, sino "moderada" como ella sola) no ha tenido más remedio que pedir su dimisión.

El salto del rector de la Universidad de Murcia a entidades vinculadas a los centros de poder murcianos controlados por el PP (en el caso de la CROEM podríamos discutir si el PP la controla a ella o ella controla al PP, pero es indubitado que están a partir un piñón) no es nuevo, sino una tradición. Véase el ejemplo del rector Jose Antonio Cobacho, que compatibilizó con el sillón rectoral sendos cargos en el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (a propuesta del Gobierno regional) y de consejero en la caja de ahorros Cajamurcia, también a iniciativa de los mandamases peperos. Aparte de estos cargos, cuando Cobacho dejó el rectorado fue inmediatamente nombrado (a propuesta del Gobierno regional) presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia murciaeconomia.com/archive/56420/sin-sorpresas-el-gobierno-propone-a-j

En el caso de Cobacho, yo llegué a promover una demanda ante la Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia para que se declarase su incompatibilidad por conflicto de intereses www.lavanguardia.com/local/20121226/54358327114/estudiantes-piden-el-c El TSJ la tramitó con extraordinaria lentitud y, al final, la archivó por pérdida sobrevenida de su objeto...porque durante ese largo periodo de tramitación a paso de tortuga Cobacho dejó de ser rector de la UMU.

Lamentablemente, es tradición desde hace lustros que el rector de la Universidad de Murcia tenga excelentes relaciones con el Gobierno autonómico, que dicho Gobierno le coloque o promocione para la obtención de otros altos cargos durante y después de su mandato. Y que, por supuesto, el rector no haga la menor crítica al Gobierno regional, no le demande ante los tribunales ni denuncie en prensa la precariedad que sufrimos por la falta de financiación pública, mientras la universidad privada UCAM, controlada por la secta de los kikos, no cesa de recibir prebendas públicas. Por eso siempre digo que Murcia, más que facha, es feudal-clientelar. El Gobierno regional se asegura el control de las instituciones mediante favores, clientelismo y persecución del disidente. Su máximo interés es colocar en la cúpula de esas instituciones públicas a personas amigas que lo serán más y más conforme vayan recibiendo recompensas.

Sólo hubo una excepción: Pepe Orihuela. Este profesor de la Facultad de Matemáticas plantó cara a Juan María Vázquez, candidato a rector avalado por el PP tras el fin del mandato de su querido Cobacho. Orihuela ganó por la mínima y a Vázquez, como no pudieron colocarlo de comisario político en la UMU, le hicieron diputado, senador y Secretario General de Ciencia e Innovación (y finalmente Consejero de Medio Ambiente, cargo que ostenta ahora mismo) es.wikipedia.org/wiki/Juan_María_Vázquez Y Orihuela fue el rector más decente e independiente que hemos tenido. Le hicieron la vida bastante imposible, y cuando su mandato acabó no optó a la reelección (y volvió a su cátedra de matemáticas, para él no había cargos-regalo ni tampoco los habría aceptado). Y retornamos al ciclo pepero que ojalá algún día podamos romper.