El sufragio femenino pasivo se implantó en la Constitución de 1837. El sufragio femenino activo no llegaría hasta el fin de la dictadura de Primo de Rivera, aunque ya durante la misma se habían aprobado piezas de legislación que concedían el derecho al voto a las mujeres cabeza de familia. Estos derechos se perdieron tras el golpe de Estado de Franco, al igual que los derechos que ya existían como el derecho al divorcio, el aborto, los anticonceptivos y la propiedad; es decir, estos derechos desaparecieron a causa de la dictadura.