“tener una capacidad reforzada de luchar contra la corrupción supone que los partidos políticos perderían unos recursos de poder a los que se han acostumbrado y a los que no están dispuestos a renunciar si no notan la presión ciudadana”. “Unas instituciones de control independientes y eficaces, una administración pública imparcial y meritocrática, significan que los partidos ya no podrían usar la colonización partidista de la administración como un botín que les pertenece. El coste de esto es muy alto: corrupción, clientelismo e ineficiencia
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