El plan, financiado por la Comunidad de Madrid, estipulaba que los nuevos agentes dependerían directamente de su alcalde en un acuerdo vigente hasta 2018, transcurrido el cual se prorrogaría de forma automática por el mismo periodo de tiempo. Esperanza Aguirre presentó este plan como garantía de la seguridad ciudadana, ya que ésta “es la primera responsabilidad de los poderes públicos” y reiteró su compromiso de que la Administración autonómica no escatimaría recursos “para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos
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