De este modo, los límites de emisión que se permitirán a la empresa son 20 veces superiores a los fijados por las Mejores Técnicas Disponibles que exige la Unión Europea. "De esta manera se sacrifica el derecho constitucional a la salud al interés económico de una gran empresa privada como Iberdrola, con capacidad económica sobrada para hacerse cargo del coste de la instalación", argumenta Ecologistas.
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