El documento del bufete privado al que adjudicó el trabajo el Gobierno de Cifuentes debía analizar la "ejecución" del plan diseñado para la entrega a la entidad opaca del préstamo multimillonario de 2011 y concluir qué "acciones" debía emprender la Comunidad si el dinero no se devolvía, como sucedió a partir de 2018
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