La difusión de opiniones individuales o colectivas (mediante reuniones o manifestaciones) es base esencial del pluralismo y la participación política. Por ello, las autoridades públicas sólo deben limitar su ejercicio de manera proporcionada, ante necesidades sociales imperiosas y en casos excepcionales. De lo contrario, nos están limitando a todas nuestro derecho a criticar, ejercer presión y participar políticamente en nuestra sociedad.