En 2017 la jueza Patricia Jiménez-Alfaro Esperón archivó la querella presentada contra Estudio Económico cuyo contenido era los pagos efectuados por la empresa CODERE a Estudios Económico para influir en la Ley del Juego. La juez no vio delito. Hoy se sabe que CODERE pagó a Estudios Económicos 679.000 €, pero lo más sorprendente es que los apellidos de uno de los directivos de CODERE, llamado José Antonio Jiménez-Alfaro Esperón, coinciden con los de la jueza. A esto le llamo yo profesionalidad, nada de chorizos, supuestamente.
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