Normalmente, para llegar a un acuerdo se pide un dictamen al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Ese informe tiene una tarifa. Y, atención, no es vinculante. Pero he aquí que tenemos un problema. Y es que el ICAM es la entidad que presentó la primera querella contra el fiscal General del Estado en marzo de 2024.
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