Este organismo, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, considera que los proyectos no justifican suficientemente la procedencia de sus recursos hídricos, y por eso a lo largo del último año ha elaborado sucesivos informes en contra. El Gobierno regional replica que la posición del ministerio no condicionará la tramitación de los planes urbanísticos, porque "quien tiene que garantizar el agua es el distribuidor, en este caso el Canal de Isabel II.
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