Un ayuntamiento en quiebra, sobre el que penden deudas de centenares de millones de euros, con moratorias con Hacienda y Seguridad Social y que sin embargo asigna un dispendio de presupuesto público para personal de confianza. Atrás quedó el discurso, en campaña electoral, donde el PP apelaba a reducir el gasto y acabar con la época de enchufismo heredado del GIL.
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