Nuestro país ha tenido en la democracia cuatro planes energéticos nacionales (PEN), el último de los cuales se redactó para el periodo 1991-2000. En todos ellos ha primado la ideología del gobierno de turno, ingnorándose los debates que podían dar lugar a estrategias energéticas racionales. Este desorden se ha hecho más patente a lo largo de este siglo, con millonarias inversiones de dudosa utilidad, costosas subvenciones, frecuentes y sorprendentes cambios de regulación y tarifas que se fijaban en el Consejo de Ministros.
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