Según denuncia Amnistía Internacional, España cuenta con un parque de vivienda social que representa solo el 2,5% del total de viviendas, cuando el estándar de países de nuestro entorno de la Unión Europea supera el 15%. Esta carencia, en el contexto de la crisis de la vivienda, que hunde sus raíces en las últimas décadas, ha llevado a la ciudadanía a tirar la toalla.
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